La noticia acerca de la liberación de dos feminicidas por parte de magistrados de la Sexta Sala del Poder Judicial del Estado de Jalisco, sacudió no sólo distintos actores políticos, sino a la sociedad en general.
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La directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C., abogada defensora de los derechos humanos y feminista, Karla Michelle Salas Ramírez, visibilizó que el Poder Judicial de los estados, así como el Poder Judicial de la Federación, no están respondiendo a las exigencias de justicia de las mujeres mexicanas y existen todavía muchas conductas permisivas en torno a ese tipo de violencia y a esas conductas.
“Lo podemos ver reflejado en sentencias que de alguna manera resultan ser condescendientes para quien comete esa violencia o simplemente se decide no sancionarla, prácticamente lo que está ocurriendo en el país es que todos los casos se van a suspensión condicional a proceso y no llegan a juicio, no hay una sentencia o cuando se llega a una, no hay reparación del daño y lo mismo está ocurriendo en los casos de feminicidio”, explicó.
Aclaró que no se busca venganza, ni que los culpables de los delitos se queden de manera perpetua en las cárceles, la intención es que haya penas que sean proporcionales a los crímenes que cometen y que además, en esas sanciones que se imponen haya una reparación del daño que también tiene que ser proporcional al crimen.
“Lamentablemente el mensaje que se manda con este tipo de sentencias y con este tipo de decisiones, es que la violencia contra las mujeres sigue siendo normalizada, ese tipo de violencia puede seguirse cometiendo, son muy pocos los casos de feminicidio que llegan a sentencia y luego todavía esas sentencias son dudosas o son cuestionables y sí es preocupante”, consideró.
Salas Ramírez argumentó que la cárcel no es la solución y que apegado a esta forma de castigo debe haber una intervención integral para que la gente, después de cometer un delito, tenga derecho a tener una segunda oportunidad, aunque en realidad, lo que particularmente sucede con las personas que son sentenciadas por delitos de violencia contra las mujeres es que no se garantizan los procesos integrales de reeducación que marca la Ley General que les permitan reflexionar sobre esa violencia y cambiar esas conductas.
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Mediante una comparación, expuso que no es lo mismo purgar una sentencia por un fraude o robo que ser procesado, sentenciado o encontrado culpable por un delito de violación, de violencia familiar o por un delito de feminicidio: “Si esas personas quieren obtener algún beneficio que implica no cumplir con la totalidad de su pena porque han demostrado tener buena conducta en el tiempo que llevaban recluidos, etcétera, se tiene que incluir necesariamente que vayan a estos procesos reeducativos; me parece que eso forma parte necesariamente de sentencias con perspectiva de género en general y no solamente en el caso de Jalisco”, precisó.
Asimismo, Salas Ramírez aseguró que los feminicidios son evitables, pero señaló las omisiones del estado en cuanto a tener mecanismos de atención, adecuados y suficientes, que cumplan con esta labor. Cuando una mujer presenta una denuncia por primera vez, la atención es deficiente, no la separa del agresor y este no tiene consecuencias a partir de las primeras conductas violentas.
“A veces se piensa que los feminicidios surgen así como por generación espontánea y la gran mayoría de los feminicidios forman parte de un continuum de violencia antes de ser asesinadas, particularmente en los casos de feminicidios cometidos por personas con las cuales la víctima tenía alguna relación, generalmente sentimental; vienen de procesos de violencia que han durado muchos años y que esas víctimas probablemente ya han pedido ayuda a diferentes instituciones del estado y el estado no les ha dado una respuesta”, señaló.
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“No olvidemos un caso muy significativo, terrible, que ocurrió en este mismo estado de la mujer que fue asesinada a las afueras de las oficinas de gobierno. Claramente las medidas de protección no están sirviendo para lo que fueron creadas y en buena medida se debe a que las autoridades siguen considerando que la violencia contra las mujeres en realidad no es tan grave y sólo la atención de gravedad se reduce a los feminicidios, cuando en realidad podríamos hacer muchas acciones antes de que esas mujeres sean asesinadas”, precisó.
Por su parte, Héctor Alberto Pérez Rivera, director de la Clínica de Interés Público del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), agregó que sí ha habido una mala comprensión del Poder Judicial en general en todo México, sobre los principios del Sistema Penal Acusatorio y sobre el alcance de la presunción de inocencia. Aseveró que no han logrado entender que la función jurisdiccional implica un equilibrio entre los derechos de la persona imputada así como también de los derechos de las víctimas.
“Se sigue creyendo esa concepción tradicional de que el proceso es el imputado frente al Estado que lo acusa, cuando en realidad están en confrontación los derechos de una persona que se señala, cometió un delito y una víctima que reciente ese delito”, señaló.
En su opinión, las víctimas son “las grandes ignoradas de todo el sistema de justicia” ya que los jueces rara vez voltean a ver sus necesidades, sus características, las afectaciones que sufrieron, ignoran esa parte del Sistema de Justicia y determinan penas que no implican un equilibrio y una adecuación a nivel de daños causado por la persona imputada y que por otro lado se desprotege totalmente el tema de la reparación del daño.
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Añadió que no solamente sancionando o tutelando ciertos derechos de la persona imputada se está haciendo justicia cuando en realidad la función jurisdiccional tiene que pasar en primer lugar, por la persona que fue lesionada en sus derechos, es decir, la víctima lo que considera, es una tendencia que de alguna forma tiene que ser revertida.
“Me parece que se tiene que dejar de ver al Poder Judicial como intocables o como semidioses que resuelven sobre la vida de otras personas y cuestionar la calidad de sus decisiones no solamente por la investidura que tiene que asumir, que sus decisiones son correctas sino que tiene que haber un cuestionamiento social de cómo se están tomando esas decisiones”, finalizó.
SRN