La publicación del libro Los Demonios del Edén, en 2005, donde la periodista Lydia Cacho Ribeiro reveló la existencia de una red de explotación sexual infantil, también sacó a la luz la complicidad de empresarios y funcionarios públicos para acallar este caso de pederastia.
Después de publicar la investigación, en julio de ese año la también escritora fue acusada de difamación y calumnia por uno de los involucrados: el empresario José Kamel Nacif Borge.
Como parte de esa denuncia penal el 16 de diciembre de 2005 Cacho Ribeiro fue detenida por al menos 10 personas, entre agentes de la policía y privados, quienes la trasladaron, vía terrestre, de Quintana Roo a Puebla, un trayecto de horas durante el cual fue torturada.
A la par de la acusación penal, el 14 de febrero de 2006 los medios dieron a conocer la grabación de varias llamadas telefónicas entre funcionarios públicos y empresarios para detener, encarcelar y amedrentar a la periodista.
En una de estas conversaciones el entonces gobernador de Puebla Mario Marín Torres y el empresario Kamel Nacif hablaron de cómo facilitaron la detención y tortura de la periodista.
A 13 años de las llamadas que revelaron la complicidad entre políticos y presuntos pederastas para manipular al Poder Judicial y encarcelar a Lydia Cacho, el pasado 11 de abril un tribunal giró una orden de aprehensión contra cuatro involucrados en el caso de tortura.
El primer tribunal unitario del vigésimo séptimo circuito, en el estado de Quintana Roo, giró orden de aprehensión contra el ex gobernador de Puebla Mario Marín Torres, los empresarios Kamel Nacif Borge y Hugo Adolfo Karam Beltrán, y el ex comandante Juan Sánchez Moreno.
De acuerdo con los medios locales la orden de aprehensión se liberó luego de que Mario Marín reapareció públicamente apoyando al priista Alberto Jiménez Merino, candidato a la gubernatura de Puebla en estas elecciones extraordinarias.
La orden de captura se dio después de la intervención del Comité de Derechos Humanos de la ONU, organismo que el 31 de julio de 2018 emitió una resolución en la que pidió al Estado mexicano que investigara las violaciones a derechos humanos cometidas contra la periodista.
En octubre de 2014, cuando Cacho Ribeiro envió su caso al organismo, la investigación que llevaba años en “suspenso” por fin se reactivó. Ese año se libraron dos órdenes de aprehensión contra dos policías que en 2005 trasladaron a la periodista de Cancún a Puebla.
El abogado de la organización Artículo 19 y quien representa legalmente a la periodista, Leopoldo Maldonado, informó que hay tres policías acusados y procesados por la tortura: uno fue sentenciado, otro se encuentra prófugo y el tercero fue capturado y lleva su proceso en prisión.
Desde noviembre de 2018, detalló el abogado, se sumaron tres órdenes de aprehensión contra tres policías más, quienes no han sido capturados. Hasta ahora hay entre ocho y 10 personas que deben ser responsabilizadas, desde policías que ejecutaron la violencia hasta quienes dieron la orden de detenerla y torturarla.
El abogado explicó que una orden de aprehensión por tortura no prescribe porque se trata de una violación grave a derechos humanos y es un delito de lesa humanidad. En este caso, dijo, además es claro que se echó a andar una maquinaria para castigar a la periodista por sus publicaciones.
Los personajes políticos son agresores comunes de las periodistas. De acuerdo con el informe Herencia de un sexenio: Simulación y desplazamiento, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer, del 1 de diciembre de 2012 al 1 de diciembre de 2018 se registraron 440 casos de violencia contra mujeres periodistas.
El 39.10 por ciento de estos casos fueron de violencia ejercida por agentes del Estado.
En el caso de Lydia Cacho destaca además que en la resolución de la ONU, la primera que resolvió el sistema de Naciones Unidas por violencia cometida por funcionarios del Estado contra una periodista, el organismo también llamó a despenalizar los delitos de difamación y calumnia en todas las entidades federativas.
Hoy sigue pendiente la derogación de estos delitos, además de las medidas para garantizar la protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos que están en riesgo y fortalecer el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra mujeres.