Un juez federal sentenció a 18 integrantes del cártel de Los Zetas, quienes fueron encontrados responsables de diversos delitos y por el secuestro de migrantes extranjeros cuyos cuerpos después fueron localizados en fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas.
Dichas personas interceptaron a las víctimas cuando viajaban a bordo de camiones de pasajeros que transitaban por territorio tamaulipeco, mismas que pretendían llegar a la frontera de Estados Unidos para encontrar trabajo.
Una vez que los privaban de su libertad, los obligaban a trabajar para la organización para llevar a cabo diversos delitos y enfrentar al cártel del Golfo y a otros grupos rivales. Los que se negaban a “cooperar”, eran ejecutados y sus cuerpos eran abandonados en fosas clandestinas.
La entonces Procuraduría General de la República (PGR) localizó 193 cuerpos en fosas clandestinas, en San Fernando, en 2011. Todos eran extranjeros.
Los sentenciados fueron detenidos por las Fuerzas Federales en marzo, abril, mayo, junio y noviembre del mismo año, derivado de las órdenes de aprehensión en su contra.
La indagatoria la inició la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y la continuó la actual Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR).
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Los elementos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público Federal permitieron que hoy se dictara sentencia condenatoria.
El juzgador sentenció a Juan Pablo Cabrera Escalante, El Comandante Cacharpa, a 58 años seis meses de prisión así como pagar 13 mil 650 días multa por los delitos de delincuencia organizada, portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Jovana Susano Cruz, La Güera, 57 años y debe pagar mil 775 días multa por los ilícitos de delincuencia organizada, secuestro y posesión de cartuchos también de uso exclusivo.
Julio César Lugo Chaca, El Sami; Sergio Córdova Martínez, El Diablo; José Mauricio Oñate Rodríguez; Samuel Moreno Saavedra; Rolando Coronado Uñate; Claudio López López; Mauricio Rodríguez Cervantes y Santitos Reyes Villa Olvera, El Chacho, fueron sentenciados a 43 años seis meses de prisión y deben pagar seis mil 995 días multa por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y portación de arma de fuego de las reservadas para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Heber Alfredo Ahumada Banda, El Cholo, recibió una pena de 42 años seis meses de prisión y debe pagar siete mil 165 días multa por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo; portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo.
Adela Yudith Ochoa Marmolejo y Júpiter Almer Cano Guerra, quedaron bajo 34 años de prisión y deberán cumplir una reparación de seis mil 975 días multa por los delitos de delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo.
Erick Rubén Zetina Hernández, El Guacho, fue sentenciado a 28 años seis meses y seis mil 675 días multa por los delitos de delincuencia organizada, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo. Jonny Torres Andrade, El Sombra, 15 años y seis mil 375 días multa por el delito de delincuencia organizada.
Javier Méndez San Juan, El Tripa, y Edgar René Méndez Acosta, El Barbas, 14 años un mes, 15 días de prisión y 281 días multa por los ilícitos de contra la salud, en la modalidad de posesión del narcótico comúnmente denominado marihuana, con fines de comercio; portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, agravado.
Para Julieta Maricela Almaguer Reyes, se dictó 13 años de prisión y 280 días multa por los ilícitos de contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en la hipótesis de posesión con fines de comercio; portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo.
En marzo de 2016, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo histórico que trazó el camino que deben seguir tanto mexicanos como extranjeros que han perdido a sus familiares en matanzas cometidas en territorio nacional, porque en su calidad de víctimas pueden demandar al Estado la reparación del daño y acceder a las averiguaciones previas y carpetas de investigación.