Gregorio Portillo, alcalde de Zirándaro, reconoce que viven en medio de una guerra de cárteles y una crisis de inseguridad, que ha dejado al menos 10 mil desplazados en cinco años.
La situación va de mal en peor, confirma el presidente municipal, quien en días recientes ha intercambiado declaraciones con el gobernador Astudillo.
MILENIO acompañó a las autoridades municipales para conocer la situación de algunos desplazados. “Vamos a la comunidad de Guayameo, es la segunda población más importante del municipio. Tenemos ahí de entre 2 mil 800 a 3 mil habitantes y en los últimos días se ha visto muy complicado por la llegada de centenares de personas desplazadas de las zonas serranas, donde se están dando los enfrentamientos”, explicó el presidente municipal.
El alcalde, de 31 años, reconoce que vive una situación complicada y que en su municipio es difícil controlar la seguridad por las zonas casi inaccesibles, ventaja que buscan los cárteles, además de contar solo con tres policías certificados.
“Desde hace dos meses que se recrudeció la guerra en el vecino municipio de Coyuca de Catalán se cerraron las carreteras y a raíz de esa guerra empezamos a recibir a los pobladores de toda esa franja serrana. Y el recibir a esos pobladores trajo la guerra.
“Existen algunas comunidades que han optado por armarse, que se han estado defendiendo del ingreso de estos grupos ante la falta de capacidad del Estado de controlar esas zonas”, lamenta.
Alerta que la violencia y las amenazas de la delincuencia organizada han provocado que en Zirándaro al menos 10 mil personas hayan dejado sus hogares en los últimos cinco años y ha generado un impacto en el principal motor de la economía, ya que la asociación ganadera local pasó de facturar 23 mil cabezas en 2001 a 2 mil 300 en este año, pasando por una crisis en 2016, cuando solo se registraron 500 animales.
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En el municipio ya hay presencia de la Guardia Nacional, pero solo una patrulla que, acusan pobladores, no sale a otras regiones donde se les necesita. La violencia ha generado cientos de desplazados que llegaron a la cabecera y a Guayameo. Ante esto, al menos ocho comunidades optaron por armarse: San Rafael, El Limoncito, La Piedra, Las Juntas, Las Guacamayas, El Poleo, El Brillo y El Pojolote.
“Zirándaro va a arder, está confirmado”, dice uno de los cientos de desplazados por el crimen organizado que se vio obligado a abandonar su comunidad. Por temor no se identifica ni dice de dónde viene, pero señala: “Solo saqué dos cobijas, me salí con mis hijos, pero está confirmado que hay 80 personas (criminales) en tres puntos. Lo sabemos porque gente de la comunidad nos habla y nos dice que los están obligando a darles de comer”.
Sobre los operativos que informó el gobierno estatal, asegura: “No, jefe, se toman la foto y van para atrás. ¿A quién engañan? Pero vamos a hacer una pancarta donde hacemos responsable a Héctor Astudillo y al gobierno federal de que si se retiran de aquí y arde Zirándaro los muertos que haya, sobre de ellos. No nos queremos armar... si el gobierno no trabaja, vamos a trabajar nosotros”.
En San Rafael la desesperación se refleja en el rostro de las mujeres que reclaman también a los gobiernos estatal y federal: “¿Cómo es posible que digan que es mentira, si las carreteras están cerradas?, ¿o sea qué esperan?, ¿que se bombardee al pueblo para darse cuenta de lo que está pasando? ¡No es justo! (…) ya hay tres pueblitos abandonados”, señala un grupo.