Una red de factureras utilizada por ex funcionarios de la presidencia de Argentina para presuntamente lavar más de 70 millones de dólares, extendió su base de operaciones en Nuevo León a través de un entramado de 22 compañías que han cobrado por lo menos 143 millones de pesos a gobiernos de los estados, municipios y entidades públicas.
Una investigación de la plataforma MILENIO-Multimedios reveló que las cuatro empresas regiomontanas involucradas en operaciones y transacciones por 16.5 millones de dólares de esa red internacional de lavado de dinero que investiga la justicia argentina suman en total una veintena de ellas, todas con sede en el estado de Nuevo León.
Una consulta hecha durante cuatro meses en el Instituto Registral y Catastral de Nuevo León arrojó 22 actas constitutivas, escrituras públicas y matrículas de igual número de empresas vinculadas entre sí, que comparten socios, apoderados, representantes legales, administradores y prestanombres, además de los mismos domicilios que alguna vez ocuparon.
En esta red de compañías fantasma aparece como accionista en 11 de ellas Fernando Ramírez Méndez, el mismo quien al acudir a su domicilio en la colonia popular Nueva Estanzuela, uno de sus cuñados informó que trabajaba de mecánico en el sector de Mederos.
Sin embargo, en una de esas empresas brota el nombre de su hermano Jesús, incluyendo la misma dirección ubicada en la calle Patrimonio número 198, en ese sector del sur de Monterrey.
Las 22 compañías consultadas cobraron por lo menos 143 millones 081 mil 449 pesos, monto que pudiera ser mayor.
Cabe recordar que las principales cuatro factureras implicadas en esta red internacional de lavado de dinero son Construcciones Bulin, Jopa Negocios, Xangar Negocios y Servicios Corporativos Rixhon.
A esta red se unieron Publicidad y Mercadotecnia PIM, Cagloin, SA de CV, Publicidad y Servicios Krowa, SA de CV.
Además de las 11 compañías propiedad del ''mecánico'': Exacto Asesores, SA de CV, Gromsa, Operadora de Negocios Egeo, Grupo Comercial Dixter, Servicios Comerciales Daxa, Grupo Inmobiliario Gexmex, Proyectos Empresariales Lance, Gerencia y Administración Mundial, Corporativo y Controladora de Negocios Monterrey, Primer Octante y Corporativo Cuarto Octante.
La mayoría de las firmas fueron fundadas el 2008 por el notario público número 44, Arnulfo Gerardo Flores Villarreal y el corredor público número 28, José Alfonso Gómez Tamez, este último cuestionado anteriormente por la creación de otra red de factureras que estaba al servicio del sector público y del narcotráfocp, investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En la mitad de las compañías aparece el nombre de accionistas como Fernando Ramírez Méndez, José López Elizondo y José Ramiro Garza Leal y se repite el mismo comisario de nombre Javier Luis Cubas Otero.
La fantasma que más "servicios" cobró fue Comercializadora Vilansa, SA de CV, con pagos de poco más de 100 millones de los 143 millones de pesos que cobraron las 22 factureras al Gobierno de Coahuila y al sector salud federal desde el año 2014 hasta 2020.