El gobierno federal identificó una decena de edificios gubernamentales —desde estaciones de policía hasta bases militares— como “centros de represión y tortura” en los que se cometieron abusos graves a los derechos humanos contra activistas políticos, guerrilleros y opositores al régimen durante la guerra sucia y los gobiernos de José López Portillo y Miguel de la Madrid.
Además del memorial recién inaugurado en la calle Circular de Morelia, en la colonia Roma, la administración de Andrés Manuel López Obrador se prepara para la apertura de memoriales públicos en sitios como los sótanos de la Secretaría de Gobernación y la sede del agrupamiento de Granaderos, en la alcaldía Cuauhtémoc.
Además de la sede de la extinta Dirección Federal de Seguridad junto al Monumento a la Revolución, también se incluirá en el “listado del terror” el edificio del agrupamiento de la Policía Montada en Iztapalapa, la Dirección General de Policía y Tránsito en la Plaza Tlaxcoaque y el campo Militar número 1, así como la base aérea de Pie de la Cuesta, en Acapulco, Guerrero.
El segundo paso, de acuerdo con este plan, es mostrar al público los sótanos de la Secretaría de Gobernación, donde ya se realizan las mediciones y estudios necesarios, así como el rescate de dicho entorno para mostrar al público uno de los secretos más oscuros del Estado mexicano.
Pero hay otros sitios que pueden sumarse a esta lista. José Reveles, director general adjunto de Sitios de Memoria de Gobernación, explicó en entrevista con MILENIO que algunos sobrevivientes de tortura y sus familias mencionan un cuartel policiaco en Las Agujas, Iztapalapa, mientras que otros señalan a la base aérea de Santa Lucía, en el Estado de México.
“Así lo dijo un ex guerrillero que estuvo aquí (durante la inauguración del Memorial Circular de Morelia). Nos dijo que la base de Santa Lucía sirvió ‘como centro de reclusión, como centro de aniquilamiento, porque hubo un aniquilamiento, muchas personas ingresaban a estas cárceles clandestinas y no volvieron a aparecer’”, comentó Reveles.
Según Gobernación, el propósito es “documentar, las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la guerra sucia”.