Hasta el momento, las autoridades estatales han resuelto la situación jurídica de 165 de los 572 servidores públicos que fueron señalados por la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) por su participación en la recolección de firmas de apoyo a la campaña presidencial de Jaime Rodríguez Calderón, donde la mayoría de ellos ya han sido absueltos de toda culpabilidad por autoridades estatales.
Durante la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, el encargado del despacho de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Gerardo Guajardo Cantú, informó que un gran porcentaje de un grupo de 165 trabajadores, de siete diferentes dependencias, no fueron sancionados por sus superiores jerárquicos, al considerar que no participaron en el proceso antes mencionado, pese a que las autoridades electorales hayan dicho lo contrario.
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Además, explicó que dicha resolución de absolver a una gran parte de los involucrados en el tema fue generada por cada una de las dependencias en donde trabajan los investigados, sin especificar cuáles eran y cuántos funcionarios fueron los absueltos, al asegurar que no fue notificado de ello.
“Los titulares de las dependencias donde trabajan esos funcionarios, que supuestamente cometieron una falta administrativa, evaluaron la situación y llegaron a la determinación de que no había falta”, mencionó.
“De 165 casos, de siete dependencias estatales, fueron resueltos por las propias dependencias. De esos casos la mayoría de ellos se resolvió considerando que no había falta, en consecuencia están sin sanción”, agregó el funcionario estatal.
En entrevista, precisó que aunque se haya dado ya una resolución de considerar inocentes a algunos trabajadores, esto no significa que no se vaya a aplicar una sanción a los demás que faltan de procesar.
“Tal y como ya lo dije, esos 165 casos fueron resueltos por cada dependencia por los titulares, los demás funcionarios que faltan no necesariamente la librarían, por ello no descarto ninguna sanción”, aseveró.
Lo anterior se dio a conocer ante el cuestionamiento realizado por el diputado del PAN, Eduardo Leal Buenfil.
Asimismo, se señaló que 406 trabajadores estatales se encuentran en proceso de investigación en la Unidad Anticorrupción de la Contraloría y que próximamente se tendrá una resolución al respecto.