La diputada federal María Teresa Castell de Oro Palacios no podrá buscar la reelección ni algún otro cargo público en las elecciones del 2024 porque la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó, por unanimidad, que incurrió en violencia política en razón de género y por tal debe estar expuesta en el Registro Nacional de Personas Sancionadas, durante un año.
Legalmente tenía la posibilidad de buscar repetir como legisladora federal, por el Estado de México, a través del Partido Acción Nacional, pero el fallo del Tribunal Electoral le impide ser registrada ante el INE o ante el IEEM para competir por algún cargo público de elección popular o para ser invitada a formar parte de la estructura de algún gobierno, federal, estatal o municipal.
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En septiembre arranca el proceso electoral federal y en enero el local y hasta el momento es la única persona que está impedida para participar, pero los tribunales tienen en revisión dos casos más, donde se involucra a un presidente municipal y a otra diputada federal, quienes tienen en su contra acusaciones similares que deberán ser resueltas en las siguientes semanas.
Comentarios por los que fue denunciada
Por lo pronto la Sala Regional Especializada determinó que las expresiones que realizó la diputada federal María Teresa Castel en su Twitter y en un programa de YouTube configuraron violencia política en razón de género por referencias a la comunidad trans y al comportamiento de las diputaciones de la cuota arcoíris.
La Sala determinó la existencia de la infracción toda vez que las expresiones y publicaciones denunciadas fueron realizadas desde un contexto que afectó los derechos políticos de la denunciante y alimentaron un clima de violencia en su contra ya que su emisión conlleva directamente expresiones sexistas.
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Las publicaciones denunciadas, determinaron, son injustificadas ya que la finalidad con la cual se emitieron fue precisamente la de menoscabar los derechos políticos electorales de la denunciante, al poner en entredicho la capacidad y habilidades que tiene la denunciante para legislar y desempeñar un cargo de elección popular.
La víctima de violencia política fue la diputada federal Salma Luévano Luna, por lo que se ordenó implementar las medidas de no repetición, así como la inscripción de las partes denunciadas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia Política contra las mujeres en razón de género, donde hay otras 341 personas sancionadas, pero ninguna de ellas del Estado de México.
Hay personas servidoras públicas de los tres niveles de gobierno, así como periodistas nacionales, estatales o regionales, donde Oaxaca encabeza la lista con 107 registros, seguido de Veracruz con 41 y Tabasco con 30. Y las personas más sancionadas son algún alcalde con 20.88 por ciento de los casos, seguido de algún ciudadano con 18.86 por ciento y en tercer lugar algún regidor o síndico, con 13.80 por ciento de los registros.
OMV