El ofrecimiento de la empresa Construcción e Infraestructura Carso SA (CICSA) es de parámetros insuficientes para la rehabilitación y el desarrollo a futuro de las víctimas lesionadas por el desplome de un tramo elevado de la Línea 12 del Metro, aseguró el abogado de las víctimas, Teófilo Benítez.
El abogado detalló que, respecto al anuncio de la fiscal, Ernestina Godoy, en el sentido de que el 80 por ciento de las personas afectadas por el desplome de las trabes de la Línea 12 han aceptado los acuerdos reparatorios, dejó en claro que eso es resultado de la presión y del litigio que inició el Ministerio Público en favor de la empresa de Carlos Slim, que no ha sido inculpada y que lejos de responder ante los órganos judiciales, ha sido beneficiada y exculpada de los hechos del 3 de mayo de 2021.
- Te recomendamos Familiares de víctimas de L12 del Metro de CdMx acusan amenazas para aceptar acuerdo reparatorio Policía
Indicó que de las 14 víctimas que representa, sólo dos recibieron la propuesta de Carso, la cual es considerada una burla, puesto que el ofrecimiento no representa ni garantiza los gastos para resarcir los daños y continuar con una vida libre de complicaciones.
Mencionó que otra víctima fue citada en el centro de Bienestar Gilberto Ensástiga, en la alcaldía Tláhuac, donde fue llamada a escondidas para intentar convencerla de aceptar la propuesta de reparación del daño, sin que estuvieran presentes sus asesores jurídicos.
"Le dijeron que no le harían propuesta alguna, sino más bien la cita fue con el pretexto de pagarle sus medicamentos pendientes desde el mes de noviembre, pero una vez que se encontraba en dicho centro le retiraron su celular, argumentándole que no podía grabar nada de lo que ahí se discutiera. La víctima tuvo que esperar más de cuatro horas y observó la entrada y salida de personas, que entre ellas se comentaban si habían o no aceptado el convenio, que al final fue lo que le propusieron", expuso.
Señaló que el supuesto acoso que han sufrido las personas afectadas por dicho desplome no ha sido sancionado a casi un año de ocurridos los hechos, "y por el contrario han tenido que soportar la indolencia de autoridades, como de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas".
"Citaron a otra víctima en la sede de Luis Moya obligándolo a dejar su teléfono celular y escuchar cuestionamientos sobre la prohibición de grabar las conversaciones con las autoridades. Ahí se encontraba un representante de la Fiscalía General de Justicia de la Unidad de Medicación así como del Centro de Atención a Víctimas, mediando a favor de la empresa CICSA", recalcó.
Teófilo Benítez sostuvo que en ambos casos los representantes del gobierno capitalino y de la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) reiteraron a los afectados que ignoraran la asesoría de sus abogados y los presionaban para firmar el convenio reparatorio.
Agregó que sólo en tres casos, las víctimas han sido citadas en las oficinas del búnker capitalino, en la Unidad de Mediación Especializada, sin la presencia de los representantes de grupo Carso.
Por ello, consideró que el gobierno ha desplegado un aparato de prevención, en complicidad con la Fiscalía que encabeza Ernestina Godoy para concretar la aceptación de los acuerdos reparatorios antes de que se cumpla un año del trágico evento que enlutó a 25 familias y que dejó a otras 100 lesionadas.
Concluyó que la autoridad está tratando de que ya no se siga con la imputación hacia Grupo Carso, pero se va a continuar con la imputación para que los directivos de CICSA sean citados como responsables de la tragedia de la Línea 12 del sistema de Transporte Colectivo Metro ante un juez de control.
FS