Representantes de distintos sectores de la radiodifusión coincidieron por separado, que existe un creciente desbalance regulatorio entre los medios tradicionales —como la radio y la televisión— y las plataformas digitales de streaming.
En el cuarto conversatorio organizado por el Senado como parte de la iniciativa de reforma en materia de Telecomunicaciones, Diana Núñez Ronquillo, consejera de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), advirtió que los concesionarios tradicionales enfrentan una “sobrerregulación” que no se aplica a las plataformas digitales.
Y señaló que hay una serie de obligaciones y restricciones que los proveedores deben cumplir, entre ellas:
Franjas horarias de transmisión, un límite máximo de tiempo para anuncios comerciales, restricciones sobre publicidad de ciertos productos que tienen alto contenido calórico, la obligación de presentar contenido que refleje la pluralidad de la nación, que no sea discriminatorio, que sea apto para audiencias infantiles o con discapacidad, utilizar un lenguaje correcto, con un sistema de defensoría de las audiencias, un código de ética, y sinnúmero más de restricciones.
Señaló que servicios como Netflix, Prime Video o Disney Plus operan sin límites, sin códigos de ética ni defensores de audiencias, lo cual afecta tanto a los concesionarios como a los usuarios.
Además, criticó que estas plataformas han incrementado sus precios, permiten todo tipo de publicidad y cobran un monto adicional para eliminar los anuncios.
“Se trata de un fenómeno de sobreregulación que impacta significativamente al modelo de negocio de los concesionarios de televisión, e incluso afecta a la experiencia del propio televidente. Mientras esto ocurre para la televisión tradicional, cualquier usuario que contrata un servicio de streaming, incluso un niño, puede acceder en cualquier horario a través de la misma pantalla a contenidos que no cumplen con ninguna de estas restricciones”, explicó.
Por otra parte, representantes de radios comunitarias, universitarias, regionales y públicas pidieron condiciones más equitativas para garantizar su sostenibilidad.
Sandra Marcela Fernández Alanís, presidenta de la Red de Radios Universitarias de México (RRUM), solicitó un marco legal claro que les permita operar sin fines de lucro, pero con opciones reales de autofinanciamiento mediante patrocinios o convenios éticos.
Sergio Valles Rivas, presidente del Sistema Regional de Televisión A.C., propuso que al menos el 10 por ciento del presupuesto gubernamental destinado a publicidad oficial se distribuya equitativamente entre medios regionales, con base en su cobertura poblacional y no según criterios políticos.
Mireille Campos Arzeta, coordinadora ejecutiva de AMARC México, subrayó la importancia de mantener la independencia editorial de los medios, no sólo frente al gobierno, sino también frente a intereses económicos.
“Nos dicen que la publicidad no debería ser el único mecanismo de sostenibilidad para que no se pierda independencia editorial, pues es clave para que un medio público, comercial, universitario tenga credibilidad, su independencia del gobierno, pero también de intereses económicos”, indicó.
El presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, José Antonio Cruz Álvarez Lima, señaló que en este cuarto conversatorio se abordarán los temas relativos a la concesión única, el uso comercial, público, social comunitario, social indígena, social afromexicano y social genérico, con la intensión de enriquecer el dictamen con la experiencia y visión de los participantes.
El senador de Morena, Javier Corral Jurado, quien es moderador de los conversatorios, sostuvo que desde un inicio se ha buscado que quienes participen tengan experiencia y sean conocedores en la materia, pues de lo que se trata, dijo, es de escuchar para tener una “mejor dictaminación” a la iniciativa en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que envió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Corral Jurado abundó que es un conversatorio que busca enriquecer un dictamen, a partir de la construcción de una reserva frente a un dictamen aprobado, que pueda incidir en cambios, en mejoras, en ajustes e incluso en “rectificaciones, correcciones”.
LP