La activista y saxofonista María Elena Ríos Ortiz, acusó, a través de sus redes sociales, al encargado del Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo y al diputado local de Morena, Luis Ángel Tenorio Cruz de plagiar su iniciativa de ley en contra de los ataques con ácido, la cual dijo, le ha costado desvelo y estudio.
Sin embargo, la activista expuso su iniciativa en formato de PDF en comparación con la iniciativa del diputado Luis Ángel Tenorio la cual presentó en solitario el legislador hidalguense el 22 de febrero en el Pleno del Congreso y no es la misma que subió el 29 de marzo en conjunto con Santiago Nieto.
En respuesta, la Procuraduría General de Justicia del Estado le aclaró a Elena Ríos que la iniciativa que presentó Nieto Castillo es distinta a la que hizo referencia la saxofonista.
Tras una revisión entre la iniciativa de Elena Ríos, presentada el 31 de enero de 2023 a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México y la iniciativa del diputado de Morena, Luis Ángel Tenorio Cruz el 22 de febrero de 2023, la del legislador hidalguense es la misma que la de la activista en cuanto a conceptos, sanciones de ocho a 12 años de prisión y la intervención de las autoridades.
En tanto, la iniciativa que presentó Tenorio Cruz en conjunto con el encargado de Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo es distinta a la de la activista pues prevé sanciones de seis hasta 32 años de cárcel.
Esta iniciativa plantea en el Código Penal un capítulo denominado Lesiones Inferidas por Sustancias Químicas o Corrosivas en el que se establece que cuando la lesión o lesiones se causen mediante la utilización de agente químico, corrosivo o cualquier tipo de sustancia que generen destrucción o daño del tejido humano las penas serán de seis a 16 años de prisión y multa de 300 a 500 unidades de medida y actualización.
La punibilidad se aumentará hasta en una mitad cuando: la lesión o lesiones causen daño permanente; el delito sea cometido por el cónyuge, concubinario o concubina, o por cualquier persona con la que la víctima tenga o haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza; el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones; y a consecuencia de los efectos o impacto del delito, la víctima atente contra su vida o su salud.
De igual modo, la iniciativa plantea que la punibilidad se aumentará el doble cuando el delito sea cometido en contra de una niña, niño, adolescente, mujer o persona con discapacidad.
Si la lesión o lesiones cometidas, afectan órganos o funciones vitales, genitales o más de la mitad del cuerpo, la pena de prisión será de dieciséis a veinticinco años de prisión.
Asimismo, se propone que si se produjeran varios de los resultados previstos en el capítulo, solamente se considerará la punibilidad correspondiente al de mayor gravedad.
En tanto, la reforma a la Ley de Víctimas plantea que los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalario consistirán en: cirugías reconstructivas, en el caso de víctimas de lesiones inferidas por sustancias químicas o corrosivas.