Mientras el gobierno federal duplica para este año el presupuesto de La Escuela es Nuestra (LEEN), con más de 27 mil millones de pesos, el programa continúa registrando omisiones graves.
Hace unos días, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer irregularidades graves en el uso de los recursos asignados al LEEN como la duplicación de apoyos por 1.1 millones de pesos y transferencia de recursos por 1.5 millones de pesos a padres de familia, tesoreros integrantes del comité escolar de administración participativa, que ya habían fallecido un año antes.
Sin embargo, pese a estar relacionado con el ámbito educativo, quien lleva el control del programa es la Secretaría del Bienestar, por lo que la ASF sólo emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria para que el Órgano Interno de Control de esta secretaría realice las investigaciones pertinentes.
Marco Fernández, especialista de México Evalúa, advirtió que esto demuestra que el funcionamiento del programa permite un amplio espacio para la opacidad.
“Hay dos omisiones graves, la primera es que no hace una auditoría también a la Secretaría del Bienestar porque el encargado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y quien opera varios aspectos es la secretaría del bienestar empezando por la selección de los planteles. Segundo, comprueba que no hay forma de verificar que los criterios de selección que supuestamente estableció la autoridad para poder seleccionar las escuelas se haya cumplido”, indicó.
La ASF reportó que en 2021, 32 mil 773 escuelas volvieron a recibir recursos sin que la Secretaría de Educación Pública (SEP) acreditara el uso en infraestructura y equipamiento de los planteles.
“Por segunda vez auditan al programa y como en el primero hay una evidencia sustantiva de deficiencias, y le ordenas a la secretaría a investigarse a sí misma”, reclamó el también especialista de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey.
El programa, que desde hace dos años se ha convertido en la estrategia estrella de la política educativa del gobierno federal y que incluso absorbió y extinguió al programa de Escuelas de Tiempo Completo, reportó por segunda vez consecutiva graves irregularidades y pese a esto, el gobierno federal anunció a principios de este mes la duplicación de los recursos para este año, con lo que 100 mil escuelas en condiciones de alta vulnerabilidad resultarán beneficiadas con el presupuesto de poco más de 27 mil millones de pesos, lo que representa una cobertura de más de mil 400 municipios.
El pasado 2 de marzo, la coordinadora nacional de LEEN, Pamela López Ruiz, detalló que en Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y Yucatán, se prevé alcanzar una cobertura de más de 90 por ciento respecto del total de las escuelas en cada entidad.
En tanto, en Baja California Sur, Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, llegarán a más de 70 por ciento de cobertura. Mientras que en el resto de las entidades el avance es de 35 a 69 por ciento respecto al total de planteles.
Estos anuncios, advirtió Fernández, se realizan en medio de múltiples irregularidades registradas por la ASF en las que no queda registro de cuánto dinero se reparte, a qué escuelas y cómo se utiliza.
“Hay comités escolares de participación administrativa que reportaron que dieron el dinero a contratistas que no cumplieron con la obra, o que se les impusieron los facilitadores precisamente de la Secretaría del Bienestar y ante esta situación nadie estableció una denuncia , no hay ni siquiera una sanción administrativa. Lo más grave es que la auditoría superior de la federación viendo el tamaño del problema se lava las manos diciendo tú, SEP, a través de tu órgano de control, investígalo.
“No es un programa enfocado a mejorar la infraestructura educativa, sino que el reparto del dinero tiene una lógica electoral y en donde también se hace en efectivo para que los espacios de discrecionalidad en el uso de los recursos no queden documentados y empiece esta lista larga de anomalías entre obras inconclusas, constructores impuestos” , lamentó.
Denuncian mal uso de recursos
El especialista recalcó que lo más grave será cuando se registre algún accidente por deficiencias en las labores de infraestructura en los planteles.
“Cuando haya un problema de seguridad por algún accidente en las escuelas dado que no hay verificación técnica, ¿quién se va a hacer responsable? Porque las reglas de operación las cambiaron y van a querer hacer responsables a los comités de papás”, dijo.
A mediados del mes pasado, la Secretaría del Bienestar en Tlaxcala presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), por el mal manejo de los recursos destinados a una escuela en el municipio de Apetatitlán en el marco del programa LEEN.
La tesorera, sin autorización del comité escolar, dispuso de 30 mil pesos y aunque se comprometió a pagar y ya entregó una parte, el comité escolar reclamó un faltante.
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