Tras ser notificados de que les revocarán la concesión de la Ecovía, después de seis años de requisa, el consorcio Tecno Ecológico denunció que el gobierno saliente dejará otra bomba de tiempo a Samuel García.
En entrevista para Telediario, Abelardo Martínez, propietario del grupo Martínez-García, señaló que aunque el Ejecutivo tiene la facultad de retirarles la concesión del servicio, es una acción irregular, ya que incumplió con la Ley de Movilidad y podría dejarles a los empresarios transportistas y a la próxima administración adeudos millonarios.
Explicó que desde 2016 que se requisó el servicio presuntamente para mejorarlo, no se presentaron avalúos ni inventarios que demuestren que retirar la concesión es la mejor decisión.
Además afirmó que desde 2020 los ingresos de Ecovía fueron desviados, pues al retirar los validadores de las estaciones que enviaban el dinero directamente a un fideicomiso, en mayo comenzaron a cobrar en las unidades moradas, con lo que se desconoce el destino de los recursos.
A raíz de esto, añadió que la semana pasada el consorcio también recibió una notificación de Banobras por el incumplimiento del pago mensual de nueve millones de pesos para solventar el crédito que le dieron a Ecovía por 150 millones de pesos, lo cual debería responder el gobierno que actualmente es responsable del sistema BRT.
Ante esto interpondrán recursos legales que podrían llevar al gobierno a pagar una indemnización millonaria por los 20 años que tiene la concesión, así como consecuencias legales mercantiles y penales contra los funcionarios involucrados.
El próximo 29 de septiembre se les citó a los transportistas para una reunión de alegatos.