El Juzgado Quinto en Materia Administrativa de la Ciudad de México "de facto violaría el requisito previo de la Consulta de Pueblos Indígenas" si decidiera dar marcha atrás al aeropuerto en Santa Lucía, pues "lo único que se solicita es suspender la construcción del aeropuerto de corte civil", dijo el director del Centro de Derechos Humanos "Zeferino Ladrillero", José Antonio Lara Duque.
Agregó que "sería un contrasentido iniciar las construcciones en Santa Lucía sin que se lleve a cabo esa consulta, pues sin ésta sería violatorio a los derechos de las comunidades" e iría en contra de varios tratados internacionales y preceptos nacionales a los que está obligado el gobierno mexicano.
Entre ellos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el artículo segundo de la Constitución, "además del andamiaje interamericano de protección de pueblos indígenas, por ejemplo la Declaración de los Pueblos Indígenas y el correspondiente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU)".
La Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) anunció que bajo el argumento de "seguridad nacional" echaría abajo una de las suspensiones decidida por el Juzgado Quinto que mantienen paralizadas las obras la terminal aérea.
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Para el abogado Lara Duque, en la Sedena se están "tergiversando" los hechos, pues "se afectaría el desempeño de la base aérea que es un espacio de corte militar, incluso que habría una afectación para intervenir en posibles catástrofes o siniestros naturales. Esto, evidentemente, es falso".
Precisó que en los 14 de 26 amparos que se pretenden presentar ante ese Juzgado Quinto, además de otros interpuestos por organizaciones civiles, "lo único que se solicita es suspender la construcción del aeropuerto de corte civil".
"Ninguna de las comunidades está planteando limitar o coartar el funcionamiento militar de la base aérea de Santa Lucía: eso que quede claro", planteó.
Dijo que el problema es de corte netamente civil, por lo que aseveró que está confiado "en que el Poder Judicial entenderá que son cosas totalmente diferentes: el uso militar que ya tiene Santa Lucía con el uso civil que se le pretende dar".
Agregó que "creemos que nos concederá la razón en tanto suspensión para el aeropuerto internacional civil, no para lo militar, eso debe seguir funcionando".
Dejo claro que desde el inicio de su lucha de las comunidades aledañas a Santa Lucía han pugnado porque, antes de iniciar cualquier obra, "debe realizarse una consulta libre e informada" a todas las comunidades aledañas.
Informó que todos los amparos que se refieren a esta obra, incluidos los de otras organizaciones civiles, han sido remitidos al Juzgado Quinto en Materia Administrativa de la Ciudad de México, atendiendo al "principio de acumulación".
Concluyó que este juzgado "está teniendo criterios diferentes para resolver los distintos amparos en suspensión; todo indica que van a mantener la suspensión vigente por el tema medio ambiental, pues ahí hay un ejercicio de ponderación de derechos".
icc