Sólo siete de los 32 estados del país han armonizado sus leyes de archivos con la Ley General, lo cual preocupa a las autoridades del Archivo General de la Nación (AGN), pues eso impide transparencia en los gobiernos, sobre todo en los estados en donde se avecinan elecciones.
Al participar en la primera sesión ordinaria 2020 del Consejo Nacional de Transparencia, Marco Palafox Schmid, director de Asuntos Jurídicos y Archivísticos del AGN, destacó que los sistemas de archivos cobran relevancia en las entidades federativas que se aproximan a procesos electorales y sus consecuentes procesos de entrega-recepción, donde los archivos de las instituciones juegan un papel central para asegurar la transferencia y continuidad de las administraciones.
“Los Sistemas Institucionales de Archivos son los núcleos esenciales en cada institución para asegurar una gestión pública eficaz, ordenada, transparente y fundamentada”, aseguró.
El funcionario manifestó la preocupación del AGN ante el gran número de entidades federativas que no han concluido su proceso de armonización legislativa con la Ley General de Archivos, pues a cuatro días de que venza el plazo establecido por dicha ley, solamente Zacatecas, Durango, Colima, Nuevo León, Oaxaca, Jalisco e Hidalgo han publicados sus leyes armonizadas.
El representante del AGN ante el Consejo Nacional de Archivos destacó que, independientemente de que las entidades federativas tengan o no armonizadas sus legislaciones en materia de archivos, existen disposiciones que los Sujetos Obligados por la Ley General de Archivos ya deben estar cumpliendo por mandato de la misma, particularmente con la implementación de los Sistemas Institucionales de Archivos.
Éstos debían quedar instituidos en diciembre de 2019 y son muy pocas las instituciones que lo han logrado.
Palafox reiteró la buena voluntad y disposición para seguir trabajando con todas las entidades para lograr la armonización de sus legislaciones y recordó que las obligaciones conferidas por la Ley General de Archivos deben ser atendidas, y que su incumplimiento puede generar responsabilidades al ser un tema de evaluación que ya están integrando las entidades fiscalizadoras y auditoras.
“En particular las máximas autoridades de los sujetos obligados pueden incurrir en responsabilidad al no instalar sus Sistemas Institucionales de Archivos”, advirtió.
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