El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, presentará un proyecto en el que propone dar luz verde para que la ministra María Estela Ríos González participe en la discusión de la prisión preventiva oficiosa.
Lo anterior, porque asegura que no hay algún elemento que ponga en duda su imparcialidad sobre el tema que abordará el Pleno sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que condenó al Estado mexicano.
El 24 de agosto de 2022, en un comunicado firmado por el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la entonces consejera jurídica del Poder Ejecutivo Federal, María Estela, se solicitó al Alto Tribunal que, al momento de resolver el amparo en revisión 355/2021 y la acción de inconstitucionalidad 130/2019 y su acumulada 136/2019, prevaleciera la prisión automática.
Posteriormente, el 25 de enero de 2023, la Corte IDH declaró la responsabilidad del Estado mexicano por la violación a los derechos humanos de libertad e integridad personal, presunción de inocencia, derecho a ser juzgado en un plazo razonable, derecho a excluir la prueba obtenida mediante tortura y a investigar con debida diligencia, en los casos de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes fueron acusados del homicidio de María de los Ángeles Tamés, regidora del municipio de Atizapán de Zaragoza, crimen cometidos el 5 de septiembre de 2001.
Tanto García Rodríguez como Alpízar Ortiz solicitaron a la nueva integración de la SCJN declarar impedida a Ríos González.
La togada tiene el encargo de presentar el proyecto relacionado con el expediente sobre recepción de sentencias de tribunales internacionales 3/2023, en el cual se debe determinar la forma en que el Poder Judicial de la Federación (PJF) debe participar en el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, la cual ordena declarar inconvencional el arraigo y la prisión preventiva oficiosa.
Ríos niega interés personal
El 8 de octubre de 2025, Hugo Aguilar admitió a trámite el impedimento y requirió a Ríos González el informe correspondiente.
La ministra respondió que no se actualizan las causas de impedimento, pues el hecho de que aparezca su nombre y cargo en un comunicado no implica que tenga un interés personal, debido a que se emitió en atención a las facultades que ejercía como consejera jurídica y no a título personal.
No hay elementos para apartarla del caso, señala Aguilar
En el proyecto de Aguilar Ortiz, que está previsto sea analizado mañana, el presidente de la Corte asegura que no hay elementos que demuestren que la togada se encuentre en una situación de riesgo de pérdida de imparcialidad para ser ponente o para votar el fondo del asunto en cuestión.
“En su informe, la ministra María Estela Ríos González negó tener un interés personal al que se refiere el artículo 212, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues si bien es cierto que en el comunicado oficial (sic) del gobierno de la República aparece su nombre, también lo es que dicho posicionamiento oficial fue emitido en atención a las facultades encomendadas conforme al cargo de consejera furídica del Ejecutivo federal que ostentaba en ese momento y no a título personal”.
El ministro subraya que la pérdida de imparcialidad no puede presumirse, sino que debe acreditarse a través de elementos que confirmen su participación directa o indirecta.
“Además, este Tribunal Pleno no advierte que los promoventes hicieran referencia a algún hecho concreto y objetivo con el que se ponga de manifiesto la participación de la ministra María Estela Ríos en el expediente sobre recepción de sentencias de tribunales internacionales 3/2023, o que actualice algún interés personal, o que lo tuviera su cónyuge o sus parientes con alguno de las y los interesados, sus representantes, patronas, patronos o personas defensoras”.
Asimismo, puntualiza que los asuntos a los que se hizo referencia en el citado comunicado no están directamente vinculados con el análisis de la constitucionalidad o convencionalidad de la prisión preventiva oficiosa.
Amparo pendiente
Es de mencionar que, Daniel García fue señalado de ser el “autor intelectual” del homicidio. Él ha manifestado ser inocente y que fue víctima de fabricación de delitos por el entonces gobernador del Estado de México, Arturo Montiel Rojas.
La SCJN tiene pendiente por resolver un amparo con el cual pretende tumbar la condena dictada por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el 17 de marzo de 2023. Actualmente, enfrenta su proceso en libertad.
En tanto, Reyes Alpízar fue absuelto, al no existir alguna sola prueba en su contra.
ksh