El municipio de San Pedro Garza García echó a por lo menos cien trabajadores y funcionarios sindicalizados y no sindicalizados sin justificación alguna, entre ellos, a un yerno del líder sindical Rafael Reyes Montemayor.
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Por ello, un grupo de sindicalizados protestaron en la plaza principal, frente al edificio sede del sindicato, en repudio del despido, lo que generó un enfrentamiento entre el alcalde Miguel Treviño de Hoyos y el eterno secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del municipio.
Los afectados corresponden al área de la Secretaría de la Contraloría, Tesorería general, Deportes, Cultura, Servicios Generales, Desarrollo Social, entre otros, cuyos rangos van desde auxiliares hasta jefaturas.
Entre los despedidos se encuentra el yerno del líder sindical Rafael Reyes, Víctor Urbano, quien está casado con su hija Silvia Reyes.
José Chávez, de la Tesorería; José Alberto López Cruz y Daniel Alejandro Velasco, de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Carranza; Guillermo Moreno Calvillo y Víctor Linares Márquez, de Transparencia y Normatividad; Marcela Leal, de Evaluación y Mejora Gubernamental; Víctor Manzano Olvera, de la Dirección de Auditoría y Control Interno; por mencionar algunos.
Entre los despedidos figuran personas que laboraron en el municipio con una antigüedad que superaba los 20 años.
El enfrentamiento surge desde antes, luego de que el pasado 22 de julio, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del municipio de San Pedro emprendió una estrategia legal contra este Ayuntamiento por obligar a sus trabajadores a firmar su jubilación.
En un oficio membretado dirigido a los trabajadores sindicalizados firmado por Reyes Montemayor, el dirigente informó a los agremiados sindicalizados que laboran en el municipio que han iniciado una defensa legal contra esta presunta ilegalidad cometida por el Ayuntamiento que encabeza Treviño de Hoyos.
Posteriormente, el municipio informó que este martes fueron dados de baja 96 colaboradores de la administración municipal, de los cuales 51 fueron trabajadores de confianza y 45 bajo contrato colectivo.
El ajuste se realizó con el fin de adaptar a la organización a los objetivos y metas trazados para la próxima administración, y respetando los derechos laborales de los colaboradores que fueron dados de baja.