Ante la elevada incidencia delictiva en Baja California, la senadora de la bancada naranja, Alejandra León Gastélum exhortó al gobierno del Estado, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California y la Fiscalía General del Estado a que revisen y modifiquen de forma urgente la Estrategia de Seguridad Pública.
A través de una proposición con punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, la legisladora refirió que el Índice de Paz 2023 coloca a Baja California como el tercer estado menos pacífico del país, al acumular 4 mil 523 homicidios, 3 mil 743 delitos con violencia, 4 mil 336 delitos cometidos con armas de fuego y 3 mil 879 crímenes asociados a la delincuencia organizada.
Tan sólo el mes pasado, en el poblado de San Vicente, municipio de Ensenada, en el marco de una carrera automovilística, 11 personas fueron asesinadas y más de una decena resultaron heridas. Además, el número de personas desaparecidas ha incrementado notablemente, principalmente en la llamada “zona de antros” de Mexicali.
“Resulta lamentable para todas las y los bajacalifornianos reconocer que la alta incidencia delictiva que afecta a nuestro amado estado ha sobrepasado la capacidad de nuestras autoridades. Y es frustrante para todas las personas decentes, trabajadoras y comprometidas con el bienestar de nuestra entidad estar exigiendo y exhortando a dichas autoridades desde diversos espacios, y casi de forma diaria, a que lleven a cabo acciones contundentes con el objetivo de combatir y reducir de manera efectiva la criminalidad que nos aqueja.
“Nuestras calles, hogares y lugares de trabajo deberían ser espacios seguros, donde los bajacalifornianos podamos prosperar y vivir en paz, sin embargo, está sucediendo lo contrario, la gente se siente desprotegida e intranquila porque ante la brutalidad e indignante impunidad con la que operan los grupos delincuenciales de nuestro estado. Las autoridades sólo salen a dar discursos inútiles que ya nadie cree”.
La legisladora sostuvo que los hechos violentos recientes contradicen el discurso oficial de las autoridades estatales en el sentido de que todo va bien en materia de seguridad. Por ello, subrayó que éstas deben tomar medidas firmes para salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas a través de la modificación de su estrategia de seguridad pública.
“El pueblo de Baja California exige que se lleve a cabo una asignación adecuada de recursos para fortalecer nuestras fuerzas de seguridad, que se promueva una verdadera cooperación interinstitucional sólida entre las instituciones encargadas de la seguridad pública, que se implementen estrategias integrales de prevención del delito y que se fomente la participación ciudadana de tal manera que todos seamos actores activos en la construcción de una sociedad segura mediante el establecimiento de canales de comunicación efectivos entre la comunidad y las autoridades, donde nuestras preocupaciones sean escuchadas y se tomen acciones concretas en respuesta.
“Pero, sobre todo, exigimos que nuestras autoridades dejen de ocuparse de temas electorales con miras al 2024 y dediquen su atención a resolver el terrible problema de seguridad pública que está destruyendo la paz en nuestro estado. Ya estamos cansados de mentiras y de mensajes frívolos a través de redes sociales, por lo que demandamos que se pongan a trabajar por recuperar la paz y el estado de derecho en nuestra entidad”.
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SCZ