Hace 15 años el joven Fernando Martí fue secuestrado y asesinado en la Ciudad de México, lo que dio a pie a que el empresario Alejandro Martí se convirtiera en un activista que durante tres sexenios criticó la política de seguridad del gobierno federal.
Apenas el año pasado, el altruista que se dedicaba a ayudar a niños abandonados o con cáncer, pudo ver los primeros resultados de la lucha que emprendió, cuando se dictaron las primeras sentencias contra los secuestradores de su hijo, integrantes de la banda de Los Petricholet condenados a 446 años de prisión.
El 4 de septiembre de 2022, el empresario informó a través de sus redes sociales que, con la condena de Abel Silva y de Noé Abraham, sumaban tres personas que recibían sentencia por el caso de su hijo, pero que aún faltaba por resolverse el caso de 14 personas más ligadas a la organización.
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Pero, su nombre cobró notoriedad, cuando en plena “guerra” contra el narcotráfico, el administrador de empresas lanzó una frase lapidaria a los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad (CNS) que encabezaba Felipe Calderón, el 21 de agosto de 2008.
“Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien. Pero no sigan ocupado las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada”, declaró en tono molesto, por la violencia desbordada en el país.
Crítica durante el gobierno de Peña Nieto
En el sexenio de Peña Nieto, el activista dijo que México necesitaba orden y crecimiento, “sin fantasías mesiánicas”, donde también era necesario que existieran jueces y magistrados sensibles, porque aseguró que vivimos en una nación “sufrida” por las víctimas de delincuencia.
Alejandro Martí fue uno de los primeros activistas en demandar la renovación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la creación de un observatorio ciudadano que revisara los procesos judiciales.
La batalla que libró para llevar a los asesinos de su hijo a la cárcel no fue fácil, porque el caso se le empezó a desbaratar a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), cuando organizaciones de derechos humanos salieron en defensa de Lorena González Hernández, La Lore, quien durante casi siete años permaneció presa por supuestamente participar en el secuestro de Fernando Martí.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, entre otros, documentaron violaciones al debido proceso y detectaron la alteración de evidencias y hechos a fin de incriminarla.
La fotografía que fue mostrada al testigo del caso y que se encuentra en el expediente judicial, era de 2004, es decir, cuatro años antes del secuestro del joven Fernando Martí; apreciándose a Lorena con el cabello ondulado, corto y teñido de negro, y no como la describió el testigo acusador.
“Es de nuestro conocimiento también que a nivel federal se encuentra procesada, acusada y confesa María Elena Ontiveros Mendoza, como la persona que realmente participó en el secuestro del niño Fernando Martí Haik, así como que tal aceptación de responsabilidad la sostuvo ante el propio órgano de investigación local, el cual pretende sostener la duplicada acusación, porque tanto Lorena González Hernández como María Elena Ontiveros Mendoza están siendo juzgadas por hacer exactamente lo mismo y como si fueran una sola persona; sin embargo, contrario a la situación de Lorena, existen medios de prueba que acreditan la responsabilidad penal de María Elena Ontiveros Mendoza”, apuntaron.
Tras el secuestro y homicidio de su hijo, el empresario fundó la organización México SOS.
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"Terrible impunidad" durante este sexenio
A comienzos de este sexenio, Alejandro Martí, señaló que a pesar de los esfuerzos realizados por las pasadas administraciones, el “grave problema” de la inseguridad y justicia, y la “terrible impunidad”, aún persisten en el país.
Así lo manifestó ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien encabezó la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en Palacio Nacional.
aag