Mireya Quintos Martínez, directora de Desarrollo Archivístico Nacional del Archivo General de la Nación (AGN) alertó sobre los riesgos de que los servidores públicos cometan ‘delitos archivísticos’ si no aplican una legislación en la materia y organizan adecuadamente los documentos de las instituciones públicas en México.
Al participar en la Jornada de Acompañamiento en Gestión Documental y Administración de Archivos, en Baja California Sur, la funcionaria recordó que estados como Chiapas, Nayarit y Baja California han armonizado sus leyes de archivos con la Ley General de Archivos, pero advirtió que ahora sus archivos estatales requieren de una infraestructura orgánica funcional para cumplir con las disposiciones en la materia.
“Recuerden que ahora ya tenemos obligaciones de transparencia que están vinculadas a la materia de archivos (…) cumplir con transparencia implica tener archivos organizados, y si no tenemos archivos organizados, caemos en simulaciones y lo más delicado es que probablemente estemos en riesgo de cometer un delito archivístico”, expresó Quintos.
Al respecto, Josefina Román, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), advirtió que documentar el actuar público es una obligación constitucional.
“En el artículo sexto constitucional claramente se establece, para todos quienes somos servidores públicos en los ámbitos federal, estatal y municipal, la obligación de documentar todas nuestras actuaciones y, además, tenerlas a disposición del público en los medios electrónicos como la PNT (Plataforma Nacional de Transparencia) y los portales de Internet de los sujetos obligados”, expuso la comisionada.
Román Vergara, también coordinadora de la Comisión de Gestión Documental y Archivos, destacó que la reforma al artículo sexto de la Constitución en materia de transparencia de 2014 dio base constitucional a los archivos.
Desde entonces, dijo, el INAI y los órganos garantes de las entidades federativas trabajan de manera coordinada con el AGN en la aplicación de la legislación en la materia.
“En términos de la Ley General de Transparencia, los órganos garantes de dos derechos fundamentales, como es el de acceso a la información y el de protección de datos personales, somos coadyuvantes en estos temas de archivos y gestión documental, por eso, siempre trabajamos de la mano y con la guía del AGN”, enfatizó.
Laura Lizette Enríquez, comisionada del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México y coordinadora de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), aseguró que los archivos son la base para tutelar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
“Si fortalecemos nuestro quehacer archivístico, si fortalecemos la gestión documental al interior de nuestras instituciones, estamos fortaleciendo el pleno ejercicio de estos derechos humanos por parte de las personas (…) desde todos los espacios del SNT estamos buscando fortalecer la cultura archivística”, dijo.
En la jornada, que se llevó a cabo de manera virtual, participaron también Rebeca Buenrostro Gutiérrez, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur (ITAI); Carlos Zambrano Sarabia, comisionado del mismo órgano garante; Hugo Manuel Trasviña Montaño, director del Archivo General del Estado, y la diputada Gabriela Cisneros.