Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente interino de Morena, pidió a los legisladores locales de Nuevo León que no avalen la reforma a la Ley de Educación que será discutida hoy por el Congreso del estado al considerar que representaría un retroceso, pues aseguró que pretende que la educación que se imparta a niñas, niños y adolescentes requiera de la aprobación previa de padres o tutores sobre temas que pudiesen resultar controvertidos, con la finalidad de evitar contenidos que sean contrarios a sus convicciones éticas, morales o religiosas.
Advirtió que "el derecho a la educación de la infancia neoleonesa está en riesgo y desde Morena manifestamos nuestra firme oposición a cualquier tipo de iniciativa que contravenga los derechos humanos. Nuestra posición ante el llamado 'pin parental' es clara: los diputados de la transformación no deben permitir que avance dicho retroceso".
En un posicionamiento firmado por él y que se suma a la carta que dieron a conocer ayer 24 senadores morenistas, Ramírez Cuéllar dijo que con esta iniciativa las escuelas se verían obligadas a solicitar autorización antes de exponer temas como educación sexual y género.
"Dicha iniciativa es delicada, pues restringiría el acceso de las niñas y niños a la educación integral y de calidad en todas las materias y elimina a las infancias como titulares del derecho a una educación integral", agregó.
El dirigente morenista acusó que la iniciativa presentada por Encuentro Social atenta contra el artículo tercero Constitucional que establece que la educación "se basará en resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios".
Desde Morena, advirtió que "señalamos que esta iniciativa no sólo se trata de los contenidos que se imparten en las aulas, sino de la titularidad del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de Nuevo León y es un abuso por parte de quienes la promueven intentar quitárselos".
Indicó que "no sólo impediría la libertad para que niños, niñas y adolescentes establezcan criterios propios sobre diversas temáticas, sino además los pondría en una desventaja significativa en su desarrollo".
"Puede incentivar una segregación de grupos en los recintos educativos, lo que implicaría un riesgo alto de discriminación a menores, así como el incremento en la polarización entre grupos con ideales diferentes, la creación de un ambiente educativo donde no exista el libre desarrollo y se tenga como resultado una brecha educativa y de capacidad analítica entre los alumno", aseveró.
icc