El Tribunal Electoral confirmó que en cuatro municipios de Michoacán, el crimen organizado operó con grupos armados que obligaban a votar por Morena; que tomaron boletas, las marcaron por este partido y llenaron urnas; que secuestraron funcionarios de casilla y que sólo permitieron la presencia de representantes morenistas pero, pese a esto, avalaron el triunfo en la gubernatura de Alfredo Ramírez Bedolla.
Por considerar que solo se acreditó la injerencia de grupos delictivos en las elecciones de cuatro municipios y en el 99.7 por ciento restante de las casillas no se entregaron las pruebas suficientes sobre la intervención del crimen organizado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que estas conductas fueron focalizadas e insuficientes para invalidar la elección.
Únicamente avalaron ajustar los resultados anulando 46 mil 953 votos de los municipios de Múgica, Gabriel Zamora, La Huacana y Nuevo Urecho, de los cuales, 37 mil 703 eran para Morena, sin que esto afectara el triunfo de Ramírez Bedolla.
MILENIO reveló el pasado lunes el proyecto del magistrado Indalfer Infante Gonzáles que se circuló únicamente en versión física, y que desató quejas de los partidos de oposición que exigieron que no se validara esta elección pues al menos el PRD, advirtió que se estaría permitiendo que existiera un “narcogobierno”.
El magistrado Indalfer Infante Gonzáles sostuvo que los partidos que impugnaron, no presentaron las pruebas necesarias de los hechos. Dio la razón en que no se consideró el contexto “de la presencia del crimen organizado en Michoacán”, lo que “podría dificultar el hecho probatorio ante el temor que esto implica”, sin embargo, advirtió que esto “no exime el tener que comprobar” los hechos.
“Se llega a la conclusión de que si bien existen elementos para identificar un contexto de presencia del crimen organizado en Michoacán no se acredita una situación generalizada alegada por los promoventes, lo anterior es así, porque no basta con manifestar que terminados actos se basan en violencia electoral para determinar de manera automática su alcance generalizado.
“Es necesario acreditar los hechos en específico. No todo hecho de riesgo o violencia implica una situación generalizada para anular una elección. Se comprobó solo situaciones focalizadas en cuatro municipios y se propone dejar sin efecto la votación emitida en todas sus secciones”.
Destacó que en estos municipios, están implicadas 129 casillas de las seis mil 153 que se instalaron para la elección a gubernatura, por lo que concluyó que esto deja claro que en el 97.7 por ciento la votación se ejerció en condiciones de normalidad.
El magistrado Felipe Fuentes Barrera detalló que “en la Huacana diversas personas obligaron a los ciudadanos a votar a favor del aspirante de Morena; en Múgica se desalojó a los representantes partidistas menos a los de Morena; en Zamora se tomaron las boletas de casillas y las marcaron a favor del partido guinda y las volvieron a depositar en las urnas; en Nuevo Urecho hubo bloqueos”, por lo que se pueden concluir “indicios de violencia pero focalizada”.
Por lo que respaldó el proyecto para anular únicamente los resultados de estos municipios en los que comprobaron “un patrón” y hechos coincidentes con las notas periodísticas.
“No existe sustento probatorio de que la presencia de grupos armados traspasó a otro ámbito geográfico o bien, que fuera de tal magnitud para tener acreditada la violencia generalizada”, agregó la magistrada Janine Otálora.
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña incluyó secuestros de representantes de casilla y también respaldó el proyecto, pero solicitó incluir una propuesta para que el Instituto Nacional Electoral genere una política nacional de acción ante estos hechos de violencia.
“La violencia por grupos criminales es un elefante en el cuarto de la democracia mexicana y hacerla visible es el primer paso, voltear para otro lado no es razonable ni la solución, es nuestra obligación buscar medidas de prevención.
“Si bien estoy de acuerdo en general con el proyecto propondría ordenar al INE la creación de una política nacional electoral reconociendo la incidencia del crimen organizado para generar protocolos concretos como convenios de seguridad para zonas conflictivas, mapas de riesgo con acciones de riesgo, protocolos de guía”.
Por el contrario, el magistrado José Luis Vargas sostuvo que esta no es una atribución del INE sino del Ejecutivo por tratarse de un problema de seguridad pública y nacional. Voto en contra al que se sumó Mónica Soto.
Mientras que el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón quien respaldó el proyecto y la propuesta de vincular al INE, descartó que el Tribunal Electoral fuera omiso ante la violencia.
“Hay que decir que de una revisión exhaustiva de los elementos que sí existen, el proyecto nos propone atenderlos y una de las virtudes de la democracia es que ocurran transiciones de poder de forma pacífica y la labor de la justicia electoral debe advertir el riesgo de la violencia criminal. Desde este tribunal no somos omisos ante esa realidad que se nos presenta pero tampoco es posible tomar medidas extremas ya anular el sufragio de miles de ciudadanas y ciudadanos sin pruebas determinantes”.
El proyecto de Infante Gonzáles, también descartó otras acusaciones como intervención de sindicatos, coacción, que el candidato de Morena se haya adjudicado o aprovechado de la jornada de vacunación, o que las opiniones del presidente Andrés Manuel López Obrador fueran determinantes para los resultados.
El magistrado explicó que algunas de las denuncias implican a Raúl Morón, a quien las autoridades electorales le retiraron su registro y no son atribuibles a Ramírez Bedolla.
JLMR