Una reforma para incluir el delito de extorsión en el Código Penal del Estado y elevar las penas de 5 hasta 40 años de prisión y multas que merodean los 100 mil pesos, alista el Grupo Legislativo del PRI en el Congreso del Estado.
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El diputado Jorge de León indicó que Nuevo León es el único estado del país que no cuenta dentro de su norma penal con el delito de extorsión, por lo que la reforma propuesta sancionaría con mayor rigor el engaño y amenaza telefónica, así como el llamado “cobro de piso”.
Durante el primer semestre del año se cuantificaron en Nuevo León más de 3 mil 774 reportes de extorsión; con la reforma se busca aumentar la multa equivalente de 12 mil 322 a 98 mil 576 pesos.
“La norma penal advierte el delito de chantaje, el cual se confunde con la extorsión, puesto que el primero sólo se refiere al lucro o provecho que afecten al amenazado o persona física o moral con quien se tuviera ligas de cualquier orden, lo que deja fuera a todas aquellas modalidades donde no existiera ningún vínculo con el delincuente.
“Actualmente se encuadra el delito de extorsión con el de chantaje, pero deja fuera las modalidades más recurrentes de amenazas o intimidación”, dijo.
El legislador priista señaló que esta situación evita que Nuevo León pueda contar y compartir estadísticas que permitan diseñar, implementar y evaluar políticas públicas de prevención y reducción de la violencia y la delincuencia.
De León agregó que de acuerdo con la información más reciente difundida por el Centro de Integración Ciudadana (CIC) en su plataforma Libres de Extorsión, durante el primer semestre del año se recibieron 3 mil 774 reportes, lo que convierte a Nuevo León líder en este tipo de delitos, por lo que resulta necesario tipificarlo en la norma penal.
“La reforma define a la extorsión al que sin derecho y mediante coacción, amenaza o intimidación, obligue a otro a dar, hacer, no hacer, dejar de hacer o tolerar algo, con la finalidad de obtener un lucro para sí o para otro.
“Si la amenaza o intimidación versa sobre privación de la libertad, daños físicos o cause daño a la integridad psicológica, la pena a aplicar será de ocho a quince años de prisión, y de 25 a 40 años de prisión cuando en la comisión del delito se emplee violencia física, se cometa en contra de persona con discapacidad, menor, adulto mayor o mujer embarazada”, expresó el diputado.