Tras sostener la séptima reunión en Tampico, Tamaulipas, los gobernadores de la zona noreste y de Michoacán adelantaron que, a través de sus secretarios de Finanzas, iniciarán una ruta jurídica para lograr que el Gobierno Federal modifique el Pacto Fiscal y obtengan una mejor repartición de recursos.
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El mandatario anfitrión, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sostuvo que dentro de las argumentaciones a plantear en esta ruta está que cada uno de los estados cuantifique lo que ha gastado para la pandemia del covid-19 y que éste recurso les sea reembolsado por parte del Gobierno Federal.
"Se va a hacer el análisis de qué participaciones no han llegado, cómo nos ha afectado a los estados, cuántos recursos son los que hemos metido por parte de los gobiernos estatales para enfrentar esta pandemia, como también por el tema económico.
"Y por supuesto que también estamos viendo la ruta legal a seguir para poder garantizar que los estados, como los que estamos aquí presentes, nos lleguen los recursos que se requieren en cada entidad sobre todo en las participaciones (Federales)", dijo.
Por su parte, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón aclaró que no se trata de bloques ni de confrontas la ruta que van a emprender, pero insistió en la necesidad de recursos que tienen los estados para atender la pandemia, así como los temas adicionales que surjan.
"No se trata de bloques ni se trata de confrontar, se trata de una condición jurídica presupuestal, se trata de generar un consenso general en el país para poder superar esta crisis que ya tenemos desde el punto de vista sanitario", refirió.
Al respecto, Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, declaró que todo pareciera indicar que los mandatarios estarían de acuerdo en firmar el acuerdo de coordinación fiscal que se da a cada año, pero resaltó que la realidad es que dicho documento conlleva a una recaudación monopólica por parte de la Federación.
"Es una ley producto de un acuerdo de voluntades que no tiene asidero constitucional pero que sea aplicado por mucho tiempo el concepto del acto consentido, es decir, cada año firmamos los gobernadores el acuerdo de coordinación fiscal y cómo eso se repite se usa para decir que este acuerdo es un acto consentido, pero la realidad es que hay una concentración total y monopólica de la recaudación", criticó.
Además, Aureoles sostuvo que la fórmula de repartición de recursos que se utiliza es muy compleja y sesgada a través de un sistema de aportaciones que tienen un alto grado de discrecionalidad.
Dentro de esta reunión, los gobernadores recibieron una presentación por parte del exsenador panista Roberto Gil Zuarth sobre cómo se ha ido desarrollando dentro de 40 años la repartición de recursos a través del Pacto Fiscal.