Alonso Ancira, de "perseguido político" a negociador

Pese a que afirmó ser un perseguido político y buscó legalmente que el presidente Andrés Manuel López Obrador dejará de hablar de él, el empresario Alonso Ancira tuvo que negociar para recuperar su libertad.

Alonso Ancira salió de prisión a bordo de un automóvil negro. (Araceli López)
Rubén Mosso
Ciudad de México /

Pese a que afirmó ser un perseguido político y buscó legalmente que el presidente Andrés Manuel López Obrador dejará de hablar de él, el empresario Alonso Ancira Elizondo tuvo que negociar para recuperar su libertad y terminar con un caso que provocó que estuviera detenido en México y España.

El ex dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) huyó del país cuando conoció que era investigado junto con el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por la compra-venta de la planta de Agronitrogenados, asunto del cual derivó una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

​El ex dueño de Altos Hornos de México huyó del país cuando conoció que era investigado. (Araceli López)

Alonso Ancira comenzó a ser buscado internacionalmente por la emisión de una ficha roja emitida por Interpol, y fue localizado el 28 de mayo de 2019, días después del libramiento del mandamiento judicial. El empresario ingresó a la prisión de Palma de Mallorca, en España.

Casi un mes después salió de la cárcel, tras pagar una fianza de un millón de euros, y dijo ante el juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz, su negativa de ser extraditado a México, a quien aseguró ser inocente y un perseguido político.

En México sus cuentas permanecieron bloqueadas, y se conoció que la DEA lo investigaba por lavado de dinero. Tramitó amparos para tratar de descongelar sus cuentas, pero no tuvo éxito.

En julio de 2019, el Ministerio de Justicia de España dio luz verde para continuar con el procedimiento de extradición.

Un año después, de manera sorpresiva, un secretario en funciones de juez federal ordenó cancelar la orden de aprehensión, porque el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita del cual lo señaló la Fiscalía General de la República ya había prescrito.

El Ministerio Público Federal impugnó la decisión. Amós José Olivera Sánchez, secretario del juzgado Tercero de Distrito en el estado de Chiapas, posteriormente sería suspendido, porque existía un precedente sobre este caso. Y es que un juez de amparo de la Ciudad de México ya se había pronunciado en el sentido de que el delito seguía vigente.


En septiembre de 2020, ante los continuos señalamientos del presidente López Obrador, quien en las conferencias mañaneras pedía que se regresará el dinero de la venta de la planta de fertilizantes, Alonso Ancira interpuso un amparo para obligar al titular del Ejecutivo Federal que no siguiera haciendo comentarios sobre su persona, y que reconociera su inocencia.

Gabriel Regis López, juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, determinó que su demanda era improcedente, porque se restringiría la posibilidad de que la sociedad obtuviera información, y no se podía limitar que el Presidente hablara sobre temas de relevancia pública.

Para noviembre de 2020, el ex presidente de AHMSA solicitó al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, cancelar o desistirse del proceso de extradición en su contra, petición que realizó el empresario un día antes de ser detenido nuevamente en España.

Los problemas no dejaban de acumularse para el empresario, porque días después, en México, una jueza federal abrió la puerta para que la FGR cumplimentará la orden de aprehensión una vez que España lo entregara a México, orden de captura que fue nuevamente librada en octubre de 2020.

A esto se sumó que horas antes de su extradición, en febrero del presente año, un Tribunal Federal revocó la sentencia que canceló la orden de aprehensión.

El 3 de febrero, el empresario llegó a México y fue trasladado al Reclusorio Norte, donde compareció y posteriormente el 10 del mismo mes fue vinculado a proceso y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

El lunes, José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, suspendió el proceso penal iniciado en su contra y ordenó su inmediata libertad, tras firmar un acuerdo para reparar un daño de 216 millones 664 mil 40 dólares causado por la compra-venta de la planta chatarra de Agronitrogenados.

ledz

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