Tras reconocer que no se llegó a un acuerdo consensado con los diputados locales para destinar cinco mil millones de pesos para el campo en 2020, los integrantes del Frente Auténtico del Campo (FAC) advirtieron que si no se etiquetan esos recursos en el Paquete Hacendario iniciarán una jornada de lucha el próximo año en la cual se denuncie y exhiba a quienes no estén respaldando ni atendiendo las demandas del campo.
“Nos parece incongruente que por un lado se diga que hay un compromiso con el sector y por el otro lado se atiendan intereses particulares o de grupo”, sostuvo Francisco Chew Plascencia, dirigente estatal del Movimiento Social por la Tierra (MST).
Por su parte, Marco Antonio Rico Mercado, dirigente estatal de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc), señaló que no hubo la voluntad política de la presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del estado, Noemí Zitle Rivas, para acordar un recurso digno para el campo.
En tanto, el dirigente estatal de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Gabriel Estrada Barrera, indicó que las propuestas de los diputados, tras reunirse con ellos, no satisfacen las necesidades del campo.
Acusó que la presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto no quiso firmar un documento que garantizara el destino de los cinco mil millones de pesos para el campo como lo planteó el Frente Auténtico del Campo.
De igual modo, Martha López Ríos, dirigente estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), consideró que el campo se debe de atender de manera integral en los temas de la productividad, vivienda, certeza jurídica y conflictos agrarios.
Sin embargo, apuntó que no hubo una coincidencia con los diputados locales para destinar recursos en distintos rubros para el campo, “nos han pedido que tengamos confianza, hemos estado pendientes para que se les manifieste la necesidad de incrementar el presupuesto para el campo ante el desmantelamiento de la política pública federal”.
Añadió que ante la extinción de los programas de concurrencia la demanda de los productores rurales tendrá que ser atendida por el gobierno del estado.