Los países de América Latina acordaron proteger e incrementar la inversión pública en la primera infancia y no reducirla ante crisis o desastres y mucho menos por cambios de gobierno.
Según la declaratoria de la Cumbre Latinoamericana de Inversión en Primera Infancia que se celebró en la cancillería esta semana, los participantes se comprometieron a incrementar de manera progresiva y sostenida los recursos para este sector de la población, de acuerdo al costeo y prioridades que defina cada país.
“Establecer salvaguardas que protejan la inversión en la primera infancia frente a crisis económicas, sanitarias, climáticas y de inseguridad alimentaria, desastres naturales y transiciones de gobierno, incorporando medidas de adaptación al cambio climático y gestión integral de riesgos que fortalezcan la resiliencia y continuidad de los servicios esenciales para la primera infancia, reconociéndola como gasto prioritario”, dice el documento.
La llamada Declaratoria de Ciudad de México establece también como un acuerdo el hacer visible la inversión en la primera infancia, dando seguimiento a lo que se destina y cómo se gasta con el objetivo de tener indicadores plenos y específicos en 2028.
También propone invertir mejor, con equidad y orientando los resultados hacia intervenciones en salud, nutrición, educación inicial, cuidados, protección y apoyo a las familias con criterios de calidad y priorizando a los menores de tres años, los que sufren pobreza, son migrantes, viven con una discapacidad o tienen pertenencia étnica.
“Fortalecer la articulación intersectorial y entre órdenes de gobierno en la planeación, presupuestación y ejecución de las políticas de primera infancia, promoviendo el afianzamiento de las capacidades institucionales y financieras de los gobiernos cuando corresponda, robusteciendo las instancias nacionales existentes y su coordinación con las autoridades de Hacienda y Planeación, así como reforzar su rol coordinador en la planificación presupuestal y el monitoreo de políticas públicas, de acuerdo con las competencias y arreglos institucionales de cada país”.
El último acuerdo es la rendición de cuentas, por lo que los países se comprometieron a presentar a más tardar en marzo de 2027 los compromisos nacionales de inversión en la primera infancia específicos, medibles, alcanzables, pertinentes y con plazos definidos.
Y deberán informar públicamente sobre los avances en el cumplimiento de estos compromisos en 2027 y, posteriormente, de manera periódica hasta 2030, mediante los mecanismos nacionales de seguimiento y rendición de cuentas existentes y un reporte regional agregado, con la participación de la sociedad civil y considerando la voz de las niñas, los niños y sus familias.