Ante omisiones del pasado, el gobernador Américo Villarreal Anaya propone una nueva Ley de Atención a Víctimas de Tamaulipas, donde se contempla mayor participación de los municipios y la creación de un fondo estatal, entre otros más.
Se destaca que para poder ofrecer una mayor tranquilidad a las y los tamaulipecos, así como una protección más efectiva a quienes son víctimas de algún hecho delictivo o por violación a sus derechos humanos, de manera directa o indirecta, se requiere de una normatividad actualizada que sea la base para la implementación de políticas públicas articuladas y congruentes en los tres niveles de gobierno.
Para ello, la iniciativa recibida por el Congreso de Tamaulipas este jueves cuenta con 164 artículos, agrupados en 11 títulos, así como 16 artículos transitorios.
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Omisiones de pasada administración
Tras el análisis realizado a la ley anterior, se explica que se detectó que la participación de los municipios es limitada, en la atención integral a las víctimas.
Los ayuntamientos no contemplan un presupuesto, infraestructura ni reglamentación en la materia, en consecuencia, la administración pública estatal asume de manera integral la responsabilidad.
No se constituyó la Asamblea Consultiva, la cual es un órgano de opinión y asesoría integrada por siete representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos, a pesar de tener la obligación legal de hacerlo.
Tampoco se constituyó el Comité Interdisciplinario Evaluador, el cual se integra por personas servidoras públicas adscritas a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, contraviniendo lo estipulado en la Ley estatal vigente.
Además, no fue expedido el Reglamento de la Ley de Atención a Víctimas del Estado.
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En razón de lo anterior, el gobernador considera que es importante que Tamaulipas tenga un nuevo ordenamiento y disposiciones reglamentarias que atiendan a las necesidades, demandas y brinde certeza jurídica a las víctimas.
Así, como que él Estado, los municipios, el Sistema Estatal y la Comisión Estatal, tengan un marco regulatorio actualizado, a efecto de establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas.
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EAS