El Tribunal Electoral descartó intervención o financiamiento del crimen organizado en la elección de la gubernatura de Tamaulipas, confirmó la validez del proceso, la elegibilidad y el triunfo de Américo Villarreal, al exhibir que el Partido Acción Nacional entregó pruebas viejas, de momentos distintos a la elección, dichos de reporteros que ya fueron desmentidos y ligas de notas periodísticas sin mayores elementos de certeza.
La Sala Superior acreditó que el canciller Marcelo Ebrard generó inequidad en la elección, pero no se pudo comprobar que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación, Adán Augusto incurrieran en ilícitos por estar en el cierre de campaña pues el PAN no presentó más que links de notas, por lo que no pudieron indagar si tuvieron una participación activa e indebida.
A lo que se sumó la participación de algunos servidores de la nación como representantes de casilla. Por lo que, a propuesta de la magistrada Janine Otálora y Felipe de la Mata, ordenaron al Instituto Nacional Electoral que emita reglas y sanciones claras que podrían llegar hasta el grado de perder el modo honesto de vivir, respecto a las prohibiciones de los funcionarios públicos, no sólo de aquellos de primer nivel, sino quienes puedan generar una presión ante el electorado como es el manejo de programas sociales.
También exhibieron que el INE no ha cumplido con la orden que recibió en la sentencia de la elección a la gubernatura de Michoacán el año pasado, para desarrollar un protocolo con las instancias de seguridad que incluyera filtros para frenar a los grupos criminales. Por lo que adicionaron estas exigencias al proyecto original dándole 30 días para que cumpla ambos lineamientos.
Tribunal de Tamaulipas fue omiso pero no hay elementos para anular
Al explicar su propuesta de sentencia, el magistrado José Luis Vargas sostuvo que le llamó “la atención un reclamo persistente que fue que no se dejara de sancionar la intervención de grupos de la delincuencia organizada y financiamiento ilícito” y que en los últimos días se “intensificaron” las publicaciones y señalamientos sobre este caso exigiendo la nulidad de la elección.
Por lo que recordó que la nulidad no es una sanción sino una consecuencia y “anular elecciones siempre ha sido la excepción para no tratar de ganar en tribunales lo que no se ganó en las urnas”, pues anular un proceso afecta los derechos de la ciudadanía.
Comenzó dejando claro su “rechazo enérgico” a cualquier tipo de presión que ponga en riesgo los derechos y libertades de las personas y sostuvo que “no desconozco lo delicado de este problema en nuestro país”, pero señaló que la responsabilidad de la Sala Superior es tomar una decisión basados en la certeza, y confirmó que el Tribunal Electoral de Tamaulipas cometió irregularidades al descartar pruebas entregadas por el PAN.
Detalló que su proyecto analizó 35 pruebas documentales y videos para comprobar las tres acusaciones del PAN: vínculos entre candidatos y dirigentes de morena con grupos criminales que se redujeron en supuesto apoyo; hipotética aportación de recursos de origen ilícito a la candidatura; y actos de violencia y presión hacia el electorado.
Vargas explicó que “de las notas aportadas no es posible formular un vínculo directo ya que se presentan como suposición que deriva de que el candidato fungió como delegado de Morena en Sinaloa y conoció a un empresario que se identificó como líder de un grupo delictivo dedicado al contrabando de hidrocarburos”.
“Y no existe elemento alguno que compruebe una relación con Américo Villarreal, el conocer a una persona determinada no lo involucra en acciones lícitas o ilícitas de terceros, tampoco se puede comprobar un supuesto financiamiento, el ejercicio libre de un abogado no puede tener relación con las actividades de sus representados o defendidos”.
Sobre las supuestas aportaciones económicas desde Estados Unidos y vinculadas por grupos criminales, Vargas sostuvo que “relatorías realizadas por reporteros y no se puede comprobar tiempo, modo y lugar de presuntos apoyos en especie ni la forma en que fueron usadas en la campaña” y recordó que “un funcionario diplomático del país negó su autenticidad y el reportero que realizó esas publicaciones se disculpó, por lo que no es posible tener por acreditadas esas supuestas aportaciones en especie y menos económicas a dicha campaña”.
Recordó que como en el caso de Michoacán, si bien existe un contexto de violencia, el análisis integral exhibe que esto no implicó un escenario generalizado y grave de violencia en toda la entidad durante el proceso electoral.
Vargas reiteró que la única irregularidad acreditada, es que el canciller Marcelo Ebrard provocó inequidad en la elección porque participó en un mitin de Américo Villarreal, tomó el micrófono, dijo que llevaba saludos del presidente Andrés Manuel López Obrador y habló de que la Cuarta Transformación llegaría a Tamaulipas.
Por lo que concluyó que “la única irregularidad comprobada no afecta más allá de toda duda razonable que la ciudadanía pudo haberse visto influida por la indebida participación de esos funcionarios, es aislado, a mi modo de ver”, como para considerar que esto impactó en los 88 mil votos de diferencia.
“Sí cumple con requisitos de elegibilidad y sólo están probadas infracciones que no fueron relevantes y generalizadas, me parece que lo obligado es confirmar dicha elección que resulta constitucional y legalmente válida, por lo que propongo confirmar la validez de la elección y la constancia de mayoría”.
PAN pudo construir una narrativa coherente sobre crimen organizado
Las magistraturas de la Sala Superior exhibieron las anomalías en las pruebas presentadas por el Partido Acción Nacional como mujeres en el municipio de Hidalgo atacadas por presuntos grupos delictivos pero que era de septiembre 2019, acusación de intervención de la columna armada con un video de diciembre de 2019 o ataques de civiles armados de abril de 2019.
Por lo que la magistrada Janine Otálora dejó claro que “ni las narrativas construidas a partir de rumores ni los pronunciamiento políticos pueden sustituir la certeza que como institución nos corresponde garantizar mediante una decisión que atienda a las circunstancias probadas del caso y a las exigencias establecidas en ley”,
Y exhibió que “la mayor parte de las pruebas aportadas pro la parte actora consisten en notas periodísticas y videos, con los que pretende demostrar una supuesta relación del candidato a la gubernatura de Tamaulipas con organizaciones criminales. El PAN pretende la nulidad de la elección con base en la hipótesis de posibles vínculos del crimen organizado con el candidato y el partido, pero no aportó elementos para una narrativa coherente”.
En lo que coincidieron los magistrados Felipe Fuentes e Indalfer Infante quienes señalaron que el PAN pretendía anular una elección basándose en especulaciones.
“El partido expresa una posible estrategia para que no hubiera servicios de taxi y se basa solo en un video de Facebook donde una voz habla que no operen en el momento de la elección, sin que se acredite que es un integrante del crimen organizado o que buscaban impedir la votación. No existe una narrativa coherente, sólo se trató de una elección disputada”, señalaron.
“Se puede acreditar un clima de violencia focalizado en el distrito 13 de Tamaulipas, pero a pesar de que se puede inferir ese contexto, al analizar integral e individualmente cada medio de prueba, no se acreditan hecho concretos de violencia que afecten al electorado ni se aportan pruebas de financiamiento. Es decir, aún cuando se pudiera probar la presencia criminal y que integrantes tengan preferencias, no se acredita presión a los electorales o interferencia”, agregó Reyes Rodríguez Mondragón.
El magistrado Felipe de la Mata consideró que el crimen organizado es “un elefante en el cuarto de la democracia”, por lo que recordó que el INE no ha cumplido la sentencia con la que se le vinculó desde el año pasado a emitir un protocolo de acción en coordinación con las autoridades de seguridad, para frenar la intervención de grupos criminales.
INE deberá emitir reglas para frenar intervención de funcionarios
Al acreditar que el canciller Marcelo Ebrard generó inequidad en la contienda, dieron 30 días al INE para que emita medidas claras sobre cómo se actuará ante “el fenómeno o tendencia de una intervención de funcionarios públicos de alto nivel en eventos partidistas, pidiendo el voto por la candidatura de la que emanaron o un protagonismo importante”.
Recordando que ante la sentencia de la Sala Superior, estos ilícitos electorales pueden terminar en retirarles a los implicados el modo honesto de vivir.
“Sus conductas ilegales no tienen cabida en un sistema democrático respetuoso de la voluntad popular, cada vez que una persona funcionaria utiliza su cargo para incidir en el electoral viola sus deberes constitucionales que delimitan el marco de acción conforme al que deben ejercer su responsabilidad pública sin que sea opción decidir cuáles reglas seguir y cuáles no”.
EAS