El magistrado Indalfer Infante Gonzáles propuso al Tribunal Electoral revocar lisa y llanamente la sentencia de violencia política en razón de género en contra de la diputada de Morena, Andrea Chávez, al considerar que si bien pudo difundir información falsa, no se acredita como la incitadora de un linchamiento digital en contra de una legisladora del PRD.
El proyecto que el magistrado presentó ante sus pares y del que MILENIO tiene una copia, concluye que la morenista no incurrió en ningún tipo de violencia política de género, que en todo caso, al descontextualizar las expresiones de una legisladora de oposición puso desencadenar información falsa, lo que tampoco amerita en todos los casos una sanción.
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En las últimas semanas, las sentencias de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de legisladoras de Morena pro violencia política de género provocaron críticas incluso del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo, porque ésta sería la segunda en la que la Sala Superior podría acreditar imprecisiones.
En este caso, la diputada Andrea Chávez fue sancionada por haber tuiteado “Una diputada federal del PRD acaba de decir en la comparecencia de nuestra secretaria de cultura, Alejandra Frausto, que el Fondo de Cultura Económica ‘no debe dedicarse a fomentar la lectura’. Aunque usted no lo crea”, y después, colocó el nombre de la legisladora en un segundo tuit, lo que la Sala Especializada consideró que detonó un linchamiento digital.
La morenista alegó que se violenta su libertad de expresión en redes sociales y al descontextalizar la intención de la publicación que realizó en Teitter afecta la liberd que gozan los grupos parlamentarios; que no existe un contexto de poder o desigualdad estructural porque las dos son legisladores y no es su superior jerárquico.
Que no se dirige a la denunciante por ser mujer, ni desconextualiza su intención, sino que da una opinión; que la expresión “aunque usted no lo crea” no necesariamente es negativa, pues se utiliza coloquialmente para todo tipo de hechos sorprendentes y que la Sala Especializada, indebidamente se determinó linchamiento digital, síndrome de procusto y síndrome de la impostora, pues es una figura pública que está sujeta a mayores críticas.
Mientras otras de las sancionadas por haber emitido comentarios en el tuit de Chávez, como María de Lourdes Ornelas sostuvo que los hashtags oposición moralmente derrotada, miserable y mezquina no son violencia simbólica; Kitzia Yamileth Alvarado Alcántar dijo que sus comentarios fueron de apoyo y no de violencia o molestia; Mario Erick Gutiérrez Rosales criticó que las magistraturas no se individualizaron su comentario y Mario Francisco Enrique Braco aclaró que su comentario de “mundo al revés” no fue con el ánimo de descalificar a la persona.
El proyecto del magistrado Indalfer Infante Gonzáles en poder de MILENIO, concluye que tienen razón pues “la Sala Especializada no precisa de qué forma los mensajes difundidos propician tales síndromes ni por qué se generó el fenómeno de linchamiento digital y no sólo una cadena de información crítica”.
Explica que el que la diputada de Morena sí haya descontextualizado los dichos textuales de la legisladora, “podrían constituir fake news, sin embargo, no toda la información falsa justifica la imposición de sanciones”, sin embargo, “no se acredita descontextualización injustificada que implique un dolo particular para generar una afectación desproporcionada”.
También concluye que no por el hecho de que Chávez sea de una fuerza política mayoritaria, esto implica una relación asimétrica de poder y tampoco existen elementos de que exista una sistematicidad de comentarios directos en contra de la legisladora de oposición.
Por lo que su propuesta concluye revocar lisa y llanamente la sentencia pues “no se actualiza la infracción de violencia política en razón de género, ya que no se advierte que los mensajes tengan por objeto y resultado menoscabar o afectar el ejercicio de los derechos político-electorales de la denunciante en razón de género o que tengan un impacto diferenciado por el hecho de ser mujer.
“Pues no se advierte que las publicaciones tengan por finalidad o efecto violentar, invisibilizar, ridiculizar, desprestigiar o deslegitimar su trabajo legislativo, ni incitar un ciclo de violencia que incida en el ejercicio de tales derechos”.
El proyecto tendrá que aprobarse el próximo miércoles en sesión pública, y dejaría sin efectos todas las sanciones que incluyó la sentencia como ofrecer una disculpa pública, tomar un curso de perspectiva de género, pagar una multa económica y ser incluidas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género.
LP