El caso del escritor y diplomático Andrés Roemer, buscado en México por el delito de violación, no es el primero del que se tiene registro donde el presunto perpetrador de un delito sexual decide viajar a Israel en un intento de escapar de la justicia.
El camino legal para intentarlo es relativamente sencillo: apelar a la Ley del Retorno, que es uno de los pilares fundamentales del Estado de Israel, y ampararse en la política de extradición del país.
Creada en 1950, la Ley del Retorno, otorga a todo judío, quien quiera que sea, el derecho de ir a Israel en condición de “olé”, es decir, un judío que inmigra a ese país, y adquirir la ciudadanía israelí.
La política de extradición israelí dicta que, cuando el sospechoso solicitado en otro país posea la nacionalidad y el domicilio israelíes en el momento que comete el delito, la extradición estará condicionada a la garantía de que, si es declarado culpable, el ciudadano israelí podrá cumplir la condena en Israel.
La explotación de dicha disposiciones es lo que les favorece, pues les otorga a los presuntos criminales sexuales el derecho de viajar a Israel y apelar a su doble nacionalidad. O en su defecto, convertirse en ciudadanos israelís, a menos que se los considere un peligro para la sociedad, la seguridad o el propio pueblo judío. Sin embargo, la legislación no define lo que eso significa, lo que deriva en lagunas legales.
De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel para los propósitos de la Ley del Retorno, "judío" hace referencia a una persona que nació de una madre judía, o se ha convertido al judaísmo y no es miembro de otra religión.
La ciudadanía israelí entra en efecto en el momento de la llegada al país o con la adquisición de un Certificado de Olé. Una persona puede declarar, en un plazo de tres meses, que no desea adquirir la ciudadanía.
“Un certificado de olé puede ser negado a personas que participen en actividades dirigidas contra el pueblo judío; puedan poner en peligro la salud pública o la seguridad del estado; tengan un pasado criminal que pueda poner en peligro el bienestar público”, ahonda al respecto la dependencia.
A partir de 1970 el derecho de inmigrar bajo el amparo de esta ley fue extendido a los hijos y nietos de un judío y a sus respectivos cónyuges. Precisamente Roemer es nieto del director de orquesta judío Ernesto Roemer, quien emigró a México en 1938, huyendo de los Nazis, luego de la ocupación alemana en Austria.
Bajo ese contexto, varios casos de alto perfil han precedido al de Roemer, quien desde el inicio ha negado los señalamientos en su contra, incluso, luego de que ayer se diera a conocer que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una orden de aprehensión en su contra por la carpeta de investigación FDS-6/UI-FDS-6-03/00719/03-2021.
El de Malka Leifer es uno de los casos más polémicos que precedieron al de Roemer Slomianski, quien, por cierto, goza de una buena reputación en Israel luego de que en 2016, en su calidad de representante mexicano ante la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), desacató una orden directa del gobierno de Enrique Peña Nieto, para votar a favor de una resolución que negaba los profundos vínculos históricos entre el pueblo judío y sus santuarios en Jerusalén.
Leifer daba clases de estudios religiosos y era, además directora de la Adass Israel School, una escuela para la comunidad judía ultraortodoxa en Australia, cuando supuestamente abuso sexualmente de varios menores.
Según documentos oficiales, los cargos en su contra incluyen violación, agresión indecente y abusos sexuales infantiles ocurridos, presuntamente, entre 2004 y 2008. Luego de que salieran a la luz, tomó un avión con destino a Israel, aunque, finalmente, se refugió en un asentamiento judío en Cisjordania.
Leifer gozó de su libertad por años, a pesar de los cargos en su contra presentados en un tribunal de Melbourne, al otro lado del mundo. En alguna parte del proceso fue declarada mentalmente incapaz, lo que aseguraba que no sería extraditada.
Su suerte empezó a cambiar y, finalmente, fue extraditada a Australia en enero de este año, donde tuvo su primera audiencia después de escapar del juicio por cerca de 12 años, que incluyeron seis años de disputas legales entre Australia e Israel por la solicitud de extradición, y ahora enfrenta hasta 74 cargos en su contra.
Otro caso que ha brincado a la palestra pública es el del rabino Gershon Kranczer, originario de Brooklyn, que huyo de Estados Unidos en 2010 para evitar ser arrestado luego de imputaciones de abuso sexual a menores de entre 6 y 11 años, entre 1996 y 2003.
Kranczer era el director de una ieshivá (centro de estudios religiosos, generalmente de corte ultraortodoxo) en Nueva York, cuando presuntamente, cometió los delitos que se le imputan, que de acuerdo con las autoridades estadunidenses incluye conducta sexual en contra un niño, acto sexual delictivo y abuso sexual en segundo grado.
Luego de un largo proceso legal, que incluyo apelaciones para evitar la extradición, Kranczer finalmente fue mandado de vuelta a Estados Unidos en marzo donde actualmente enfrenta el proceso abierto en su contra en un tribunal de Brooklyn.
ledz