Apenas el 13% de los anexos en Jalisco cuentan con permisos oficiales para operar

El diputado panista César Octavio Madrigal Díaz, impulsa iniciativa para regular los anexos y centros de rehabilitación en el estado, pero no ha avanzado

Más de mil 200 anexos en el estado funcionan de manera clandestina y sin supervisión adecuada (Cortesía)
Tony Martínez
Guadalajara /

A varios meses de haber sido presentada en el Congreso de Jalisco, la iniciativa para regular los anexos y centros de rehabilitación en el estado sigue pendiente de avanzar en la Comisión de Salud, mientras persisten las denuncias por violencia, abusos e incluso homicidios en centros clandestinos.

El diputado panista César Octavio Madrigal Díaz , impulsor de la propuesta, señaló que actualmente existen alrededor de mil 400 anexos en Jalisco, pero solamente 180 cuentan con permisos oficiales para operar, por lo que más de mil 200 funcionan de manera clandestina y sin supervisión adecuada.

"Tenemos un total de mil 400 anexos en el estado de Jalisco, de los cuales solamente 180 tienen un permiso del gobierno del estado para poder operar, y, por lo tanto, hay más de mil 200 centros de manera clandestina", recalcó Madrigal Díaz.

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¿En qué consiste la iniciativa planteada?

Indicó que en muchos de estos lugares no se conoce bajo qué condiciones ingresan las personas, ni qué tipo de tratamientos reciben, además de que han existido denuncias por golpes, violaciones a derechos humanos y violencia.

La iniciativa plantea reformar la Ley de Salud Mental y Adicciones para crear el Instituto Jalisciense de Profesionalización, Supervisión y Cultura de la Paz en Salud Mental, organismo que dependería de la Secretaría de Salud Jalisco y tendría como función certificar y supervisar los anexos.

"Lo que estamos buscando es dignificar estos lugares, que se respeten los derechos humanos de quienes están en estos lugares", aseguró el legislador. 

¿Cuáles son las medidas que se pretenden implementar?

Entre las medidas propuestas están que los centros cuenten con personal especializado como médicos, psicólogos, enfermeras y trabajadores sociales, además de garantizar instalaciones dignas y tratamientos médicos adecuados.

Actualmente, las multas máximas por operar un anexo irregular rondan los 60 mil pesos; con la reforma podrían alcanzar hasta 600 mil pesos, además de clausuras e incluso sanciones penales en casos reincidentes.

El legislador explicó que la propuesta ya fue presentada ante el pleno y continúa en análisis dentro de la Comisión de Salud, donde también se han realizado mesas de trabajo y foros con líderes de centros de rehabilitación, además de la participación del DIF Jalisco y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

JVO

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