La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) tiene en proceso 35 quejas por tortura entre el 2017 y el 2021 en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, agentes de investigación de la Procuraduría General de Justicia del estado, un juez del Tribunal Superior de Justicia, dos defensores Público de la Secretaría de Gobierno y policías municipales de Pachuca y Huejutla.
De acuerdo con el organismo defensor de derechos humanos entre el 2010 y noviembre de 2021 se han presentado 473 quejas por tortura, de las cuales 35 están en proceso, es decir que se sigue en su integración y 23 concluyeron en recomendaciones.
En el resto de las quejas no se acreditó la violación de derechos humanos, hubo desistimientos, propuestas de solución, conciliaciones, incompetencia pues la intervención correspondía a autoridades federales, no se ratificaron, se tuvo falta de interés y hubo resoluciones durante el procedimiento.
Las instituciones acusadas
De las 35 quejas por tortura en proceso 13 se presentaron en contra de elementos de la Agencia de Seguridad del Estado de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, un jefe de Grupo de la policía estatal en Ixmiquilpan, los directores de los penales de Pachuca y de Tula. En 2021 sumaron siete quejas, en 2020 fueron dos y en 2019 cuatro.
En tanto, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) suma quejas 16 quejas en contra de los agentes de la policía investigadora y personal de la misma Fiscalía.
La Procuraduría acumula el mayor número de quejas por tortura, en 2021 se han registrado nueve, en 2020 se presentaron cinco, en 2019 una y en 2017 se inició una más.
D igual modo, en 2020 se inició una queja en contra de elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Pachuca y una más en 2021 en contra de un elemento de la misma corporación; además de una queja en contra del secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Huejutla de Reyes en 2020.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo también tiene en proceso una queja en contra de un defensor público de la Secretaría de Gobierno en 2019; una queja contra otro defensor Público dirigida al Instituto de la Defensoría Pública en 2021; y una queja en contra de un juez penal del Tribunal Superior de Justicia en 2020.
Entre el 2011 y el 2017 la Comisión emitió 23 recomendaciones por tortura a la Procuraduría General de Justicia del estado, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la policía municipal de Tulancingo.
No se tiene el protocolo de Estambul
La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, señala que la tortura es todo acto por el cual se inflinje intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión.
En Hidalgo se cuenta con Ley para prevenir, sancionar y eliminar la tortura y el uso excesivo de la fuerza por funcionarios encargados de aplicar y hacer cumplir la ley, en la cual se establece que queda prohibida en el estado cualquier forma de tortura o abuso de autoridad por uso excesivo de la fuerza que vulnere los derechos humanos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, los Tratados, Convenciones y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y las Leyes que de ellos emanan.
De acuerdo con el procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo, Alejandro Habib Nicolás, se tienen cerca de mil denuncias, entre averiguaciones previas y carpetas de investigación, por el delito de tortura que se están investigando.
La Procuraduría contaba con la Unidad para la Atención de Asuntos de Tortura, sin embargo, con el nuevo Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Hidalgo, el cual entró en vigor el 15 de octubre de este año, se creó la Fiscalía de Delitos de Tortura la cual quedó adscrita Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.
Así la Fiscalía de delitos de tortura es competente para investigar los delitos previstos en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la cual aún no cuenta con un titular.
La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura establece que a quien cometa el delito de tortura se aplicará prisión de tres a doce años, de 200 a 500 días multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por dos tantos del lapso de privación de libertad impuesta.
Pese a las cerca de mil averiguaciones previas y carpetas de investigación por tortura y a las 473 iniciadas en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo por tortura en la entidad no se cuenta con un protocolo de Estambul, reconoció el procurador Alejandro Habib.
Precisó que el protocolo de Estambul es un dictamen pericial colegiado necesario que se tiene que elaborar para que se pueda acreditar el delito de tortura.