La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno informó la implementación de un nuevo modelo de contratación pública justa y sostenible del servicio de limpieza, mediante el cual trabajadores que anteriormente prestaban su servicio a través de empresas intermediarias hoy son socios de su propia cooperativa y mantienen su participación de forma directa.
Este esquema fue posible tras la reforma de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, aprobada en abril de 2025, que estableció mecanismos para ampliar la participación de los trabajadores en las empresas gubernamentales.
Bajo este marco, en abril de 2026 la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno hizo la contratación del servicio de limpieza mediante el 'modelo cooperativista', convirtiéndose en una de las primeras dependencias en poner en marcha este modelo.
Asimismo, señaló que se implementó un esquema de acompañamiento interinstitucional, permitiendo demostrar que las compras públicas son una herramienta para la justicia social que fortalecen una economía que funcione para todos.
“Con el modelo cooperativista cuentan con mejores condiciones salariales, certeza en sus pagos, acceso real a la seguridad social y el equipamiento e insumos necesarios para realizar sus actividades”.
Señaló que este modelo refuerza las capacidades organizativas y administrativas que permiten la transformación dentro de su vínculo laboral, así como el fortalecimiento de su autonomía económica y el reparto de utilidades.
Detalló que anteriormente los trabajadores enfrentaban incertidumbre respecto a la falta de claridad en las fechas de pago, así como de las utilidades necesarias para trabajar, adquiriendo por sus propios medios los insumos para cumplir con su trabajo.
Reiteró que con este modelo de contratación pública las personas dejan de ser únicamente trabajadores para convertirse en protagonistas de su propia organización, ratificando el compromiso de adquirir servicios justos, incluyentes y eficientes.
“En Buen Gobierno demostramos que es posible contratar de manera distinta para generar mejores resultados tanto para el Estado como para quienes hacen posible la prestación de los servicios públicos”.
IYC