Los despidos de trabajadores que contempla el Plan B de la reforma electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador costarán 3 mil 500 millones de pesos en indemnizaciones, advirtió el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.
Detalló que los ajustes representarían despedir a casi el 85 por ciento de la plantilla, lo que equivaldría al ahorro que se pretende impulsar con la iniciativa aprobada ayer por el Senado.
Al participar en la inauguración del Seminario El Plan B electoral: ¿Equidad, austeridad o incertidumbre?, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Córdova dijo que estas modificaciones a las leyes electorales alteran las condiciones de las elecciones tal como las conocemos.
Alertó sobre retrocesos, pues advirtió que la reforma permitirá que el gobierno vuelva a tener el control de las elecciones como era hace 30 años. Entre las medidas regresivas, dijo, está el control del voto de mexicanos en el exterior, que se hará sólo con pasaportes emitidos por el gobierno y no con la credencial de elector, así como la eliminación de la estructura del INE con el despido de 2 mil 571 funcionarios del servicio profesional de carrera.
“La reforma desaparece el 84.6 por ciento de las plazas del Servicio Profesional Electoral, más de 2 mil 100 plazas así, ¡pum! desaparece. El total de plazas que la reforma electoral esfuma son casi seis mil. ¿Saben, en un primer cálculo, cuánto va a tener que pagar el Instituto por la liquidación de esas de esas casi seis mil plazas? 3 mil 500 millones de pesos”, indicó.
Añadió que, mientras el Poder judicial resuelve, el INE debe comenzar la aplicación del Plan B, por lo que ya se analiza la creación de un grupo de trabajo.
La consejera Carla Humphrey explicó que uno de los temas que más preocupa es la incertidumbre respecto al marco jurídico aplicable de cara a las elecciones de 2024.
EHR