El Instituto Nacional Electoral (INE) lamentó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emita juicios de valor y pronunciamientos fuera de sus facultades, con los que podría confundir a la opinión pública al imputarle a la autoridad electoral acciones que nunca ha ejercido pues escapan de sus atribuciones y facultades legales, como multar a youtubers.
Desde hace una semana, se ha generado desinformación luego de varios youtubers aseguraron en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador que el INE ha estado multando a tuiteros y restringiendo su libertad de expresión por denuncias de violencia política de género, a pesar de que el árbitro electoral no tiene facultades para aplicar sanciones por ese ilícito.
Este lunes, la CNDH emitió un pronunciamiento pese a reconocer que no tiene facultades para intervenir en materia electoral, lo que el INE lamentó.
“Aun cuando la CNDH reconoce que carece de facultades constitucionales para emitir pronunciamientos en materia electoral, emite uno en donde se sugiere que el INE ‘vulnera el derecho a la libertad de expresión mediante la imposición de sanciones que podrían derivar en actos de censura’.“Llama la atención que un organismo público autónomo, como lo es la CNDH, emita juicios de valor y pronunciamientos que podrían confundir a la opinión pública, al imputarse al Instituto acciones que escapan de sus atribuciones y facultades legales”, indica la respuesta del INE.
La CNDH acusó en su posicionamiento que “las sanciones y multas que el INE ha impuesto a periodistas y usuarios de redes sociales por el solo hecho de expresar su punto de vista (…) representan un retroceso para nuestra joven democracia toda vez que su implementación puede conducir actos de autocensura y coerción”.
Lo que el INE desmintió al reiterar, primero, que esta autoridad “no emite sanciones y/o multas a periodistas y usuarios de redes sociales y no es la autoridad resuelve, en última instancia, los Procedimientos Especiales Sancionadores”.
Destacaron que “es de dominio público” que esta facultad es exclusiva de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en última instancia, de la Sala Superior quien confirma, modifica o revoca esas sentencias, es decir, a donde las personas implicadas pueden recurrir a inconformarse. No en el INE.
Dejaron claro que de manera preventiva, el INE únicamente emite medidas cautelares con la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, con el fin de evitar daños mayores, mientras el TEPJF resuelve, lo que “no es novedoso” pues se aplica desde 2007 “contra cualquier actos político denunciado sin importar su militancia política”.
Ante las quejas de algunos youtubers por requerimientos que han recibido del INE, el instituto destacó que forman parte del debido proceso y lo que se busca, contrario a lo que acusan, es garantizarles su derecho de audiencia ante las quejas en su contra.
“En el desahogo de estas diligencias pueden llegar a generarse apercibimientos y citatorios a usuarios de redes sociales y periodistas, para que, en el ejercicio de sus derechos, se pronuncien ante dicha Unidad respecto a las quejas que les involucren. Tanto las personas quejosas, como las denunciadas, tienen garantizados en todo momento todos sus derechos.“El hacer requerimientos y generar citatorios a las personas denunciadas ante el INE, lejos de vulnerar derechos como se insinúa en el pronunciamiento de la CNDH, constituye una garantía básica que tiene toda persona de exponer sus argumentos dentro de lo que se conoce como 'debido proceso', que es un derecho que todo órgano de garantía está obligado a conocer y a proteger”.
Reiteraron que además, en caso de tampoco estar de acuerdo con las decisiones del INE, éstas también se pueden impugnar ante el TEPJF.
“El INE es un órgano constitucional autónomo que reitera su respeto a los derechos de todas y todos los periodistas, usuarios de redes sociales y ciudadanía en general; y que ejerce su autonomía e independencia frente a todos los gobiernos, actores políticos y otros órganos del Estado mexicano. El INE refrenda su disposición a aclarar todas las dudas que puedan existir sobre los procesos de queja que están en curso”.
Origen de quejas: diputada de Morena y youtubers buscaron denigrar a legisladoras
La polémica sobre la presunta censura inició con un tuit de la diputada de Morena, Andrea Chávez, quien acusó que el Tribunal Electoral buscaba inhabilitarla como candidata en las próximas elecciones, lo que no se menciona en ninguna parte de la sentencia de la Sala Regional Especializada e impugnó ante la Sala Superior.
La sentencia aprobada el 11 de agosto, la Sala Regional Especializada acreditó que Andrea Chávez descontextualizó la participación de una legisladora, lo que se traduce en violencia simbólica por medios digitales, con lo que “invisibilizó su trabajo legislativo y la ridiculizó”, pues además, en un segundo tuit agregó el nombre de la legisladora.
Por lo que, al acreditarse la violencia ejercida y provocada por la diputada de Morena se le impuso a ella y a otros tuiteros que difundieron su tuit descontextualizado con frases violentas, multas entre los cuatro mil 400 y los mil pesos, se les ordenó eliminar las publicaciones, emitir una disculpa pública, tomar un curso de perspectiva de género y ser inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia Política contra las Mujeres.
Y se agregó un apercibimiento para que “en caso de que vuelvan a repetir estas prácticas nocivas”, se analizará su modo honesto de vivir. Lo que sólo en caso de que la diputada morenista y los youtubers repitan y tras una queja se analice que procede retirarles la calidad de “buenos ciudadanos”, podría perder un requisito fundamental para acceder a otro cargo público.
Respecto a otros youtubers que han acusado censura, han sido denunciados por mujeres que consideran que han desatado una campaña violenta y misógina en su contra, por lo que en un análisis preliminar, el INE ha ordenado eliminar las publicaciones mientras el TEPJF analiza de fondo si se trata o no de violencia política de género.
Por ejemplo, en el caso más reciente, se analizó una denuncia por casi 50 tuits de varios youtubers en los que, por ejemplo, la youtuber y ex candidata de Morena, Juncal Solano, acusa a legisladoras de oposición de hechos machistas, como “estas mismas priistas que lograron adquirir un curul a través de fotografías íntimas”, por lo que se ordenó que fueran retiradas.
Ambos casos están en manos de la Sala Superior del Tribunal Electoral que emitirá una sentencia definitiva.