El consejo general del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) aprobó el convenio de candidatura común de los partidos Morena, el Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) en la elección por la gubernatura de 2023. Los representantes de la coalición “Va por el Estado de México” denunciaron que dicha alianza tiene el fin de transferir votos y darle “vida artificial” a los partidos minoritarios, por lo que advirtieron que llevarán el tema a tribunales.
Durante la sesión de la noche de este miércoles, se discutió la aprobación del convenio de coalición de Morena y sus aliados, sin embargo, los representantes del Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza Estado de México (NAEM), hicieron observaciones al acuerdo.
En la cláusula décima octava del convenio precisan la repartición de los votos. De los primeros nueve puntos porcentuales de la votación válida de la elección del 4 de junio, cada partido recibiría tres puntos; mientras que lo sucesivo Morena tendría el 73.5 por ciento; el PT, el 16.25 por ciento y el PVEM el 16.25 restante, según lo que hayan acumulado en las urnas.
Acusan estrategia para mantener con vida al PT y PVEM
En su participación, el representante del Partido Acción Nacional (PAN), Alfonso Álvarez Bravo Malo, subrayó que con la distribución porcentual que propuso Morena intentaría mantener con vida al PVEM y al PT.
“En este convenio Morena y sus compinches permitieron como diría un actor político nacional ‘que se metiera un duendecillo’ a corregirles su convenio y a darles, ya que no pudieron en la ley general de partidos políticos, darles vida artificial y eterna a quienes no lo pueden ganar en las urnas, lo pusieron en este convenio y esta cláusula lo que hace es una transferencia de votos y generar porcentajes irreales de votación tanto para el Partido Verde como para el Partido del Trabajo”.
Explicó que dicha transferencia de votos no solo tiene elementos jurídicos, sino también económicos, ya que, al incrementar su porcentaje de votación, lo haría también el financiamiento público. “Con este convenio lo que se está buscando es que con el financiamiento público, el pueblo del Edomex le compre sus aliados a Morena”.
Por su parte, Efrén Álvarez Ortiz, de NAEM, explicó que considera que el convenio es ilegal, toda vez que independientemente del resultado de la elección, se mantendrían vigentes a los aliados de Morena. “Se chamaquearon al representante de Morena, porque ahora estos ‘dos aliados’ se van a echar la hamaca, no les van a dar ni un solo voto, ya tienen el registro y van a tener el doble del financiamiento público… la verdadera intención de tus aliados fue darle más dinero a Morena a cambio de cero votos”.
Tonatiuh Medina Meza, del Revolucionario Institucional (PRI), agregó que el acuerdo tiene elementos irregulares que demostrarán ante jueces electorales. “Esto se les va a caer en tribunales, ojo, a la militancia del Verde, de Morena y del PT que han sido engañados por sus representantes y por sus líderes, pregúntenles, ahí andaban sacando fotocopias del convenio que no les dieron y que no conocían”.
Apegado a la legalidad, dice Morena
Erik Odín Vives Iturbe, representante del PT, informó que el acuerdo está apegado a lo que marca la ley, toda vez que fue revisado por órganos del Instituto Electoral del Estado de México como lo marcan los lineamientos.
“Han demostrado que es un convenio que es un convenio que cumple con lo que establece la ley electoral, y tan es así que las observaciones que hicieron a este acuerdo fueron para fortalecerlo no tenemos ningún problema, pero obviamente ustedes están en todo su derecho de externarlo ante los tribunales”.
Francisco Vázquez Rodríguez, de Morena, agregó que no les preocupan las observaciones de sus adversarios. “Me extraña hoy que estén muy inquietos, no todos somos iguales, no todos somos gandallas, no todos somos compinches, nos hemos y estamos presentando una candidatura común porque estamos platicados, organizados”
El representante del PAN informó que buscarán impugnar el acuerdo ante tribunales.
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