El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó la nueva Ley de Vivienda para Ciudad de México, que contempla 118 artículos y ocho transitorios, y busca incentivar los desarrollos de interés social desde 387 mil pesos, popular hasta 645 mil pesos y casa en general para derechohabientes de un millón 500 mil pesos, y por primera vez incluida la que se pueda pagar con renta.
Además, se crea un Consejo de Vivienda que será de consulta de asesoría para el jefe de Gobierno capitalino y contará con representación federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así como académicos y por primera vez se reconoce a las organizaciones de vivienda en Ciudad de México.
Con 34 votos a favor y 21 abstenciones, fue aprobada la nueva ley, que esquema la adquisición de vivienda usada y de mejoramiento y aquella que se encuentran en predios declarados como patrimonio arquitectónico y urbanístico de la ciudad.
Dunia Ludlow y Leonel Luna, presidentes de las comisiones de Vivienda y de la de Gobierno en la Asamblea Legislativa, coincidieron en que con esta ley se busca acabar con el hecho de que los capitalinos se vayan a buscar una propiedad en la zona metropolitana, lo que repercute en mayores gastos en transporte y en pérdidas de hora para poder llegar a sus empleos o escuelas.
Ludlow aseguró que en la ley se acotaron todos los artículos para evitar abusos de las inmobiliarias, e incluso por parte de algunas asociaciones, que ya están reconocidas, ya que se prevén sanciones.
“Trabajamos mucho para acotar esos artículos y que no existieran abusos por parte de inmobiliarios. Jamás se tuvo la intención de ninguna fracción parlamentaria de dar un beneficio de más a desarrolladores o asociaciones, ni tampoco que esta ley se viera con intereses clientelares”, indicó la legisladora del PRI.
Mencionó que para aprobar esa ley se realizaron mesas de trabajo con distintos actores: Colegio de Notarios, Fovissste, Fonhapo, Conavi, Infonavit, Sedatu y Sociedad Hipotecaria Federal.
Asimismo, con la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, ProCdMx, el Instituto de Verificación Administrativa, la Procuraduría Social, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la Confederación Patronal de la República Mexicana y con organizaciones de la sociedad civil.
Además del Instituto de Vivienda capitalino, la Comisión Nacional de Vivienda del Senado, de Casa y Ciudad AC, así como de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Luna señaló que la Ley de Vivienda hacía falta, porque ahora permitirá normar y sobre todo generar una política integral con el mecanismo de producción de incentivos, principalmente de casa popular.
Debido a la carencia y a la falta de provisión de vivienda de interés social, muchas familias tuvieron que emigrar a municipios conurbados del Estado de México, con todos los factores y consecuencias que implicó, como tener que invertir hasta seis horas diariamente en transporte y tener que pagar más por el traslado.
Pero ahora se le da un gran apoyo con un ordenamiento integral, que atraviesa por la producción de vivienda para sectores vulnerables y también el tema del arrendamiento, y le da sentido a la política de casa en Ciudad de México.
Con ello se va a permitir aprovechar casi un millón de créditos del Infonavit que no se han aplicado en Ciudad de México, así como los del Fovissste.
“Esta ley hace particular énfasis en la vivienda popular y de interés social, que muchas veces es vertical y no horizontal, y se define la norma en términos estrictos y se vincula con la Ley de Desarrollo Urbano para generar la línea de coordinación”, expuso Luna.