A propuesta de la bancada del PRI, el Congreso local aprobó que se persiga de oficio el delito de chantaje y hostigamiento.
Dicha iniciativa fue aprobada por unanimidad y con ello quedaron establecidas modificaciones al Código Penal del Estado que surgieron a propuesta del diputado local, Álvaro Ibarra, en lo que respecta al tema del chantaje.
“Estimamos necesario realizar modificaciones a nuestro Código Penal, con el objeto de que este Delito se persiga de oficio por parte de las autoridades judiciales, para que de esta forma se cumpla con el principio de impartición de justicia, sin que haya de por medio requisitos que limiten su acceso y la aplicación de Ley”, mencionó en tribuna.
Por su parte, la diputada local priista, Alejandra Lara García, también interpuso una iniciativa de ley para reformar el Código Penal del Estado para que se incrementen las penas y también se persiga de oficio el delito del hostigamiento y acoso sexual.
El dictamen de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública fue presentado por el diputado del PRI, Melchor Heredia, en el que se establece que al responsable del delito de hostigamiento sexual se le imponga una pena de uno a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta unidades de medida y actualización.
También establece que si el hostigador es servidor público se le impondrá una pena de destitución e inhabilitación de uno a dos años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.
A la vez plantea que a quien cometa el delito de acoso sexual se le imponga una pena de uno a tres años de prisión y multa hasta de cincuenta unidades de medida y actualización.
Y también tipifican como delito grave el “Sexting”
En este mismo orden de ideas, el Congreso local aprobó reformas al Código Penal del Estado para tipificar como delito grave el “Sexting”.
Dicha iniciativa fue a propuesta de la diputada local del Partido Verde, Ivonne Bustos, la cual explicó que con estas modificaciones quienes pasen contenido sexual y que afecte la moral de las personas vía redes sociales podrá enfrentar penalizaciones de cuatro a seis años y, en caso de que sean menores de edad, la pena se incrementaría hasta los 16 años.
“(Las penas) son de cuatro a seis años, más una cuota administrativa que se paga y, en caso de que la víctima sea menor de edad, se puede incrementar hasta 16 años”, refirió.