Por unanimidad el Congreso del Estado aprobó este jueves la reforma constitucional en primera vuelta, que da pie a la creación de la Ley de Emergencia Económica que propuso el grupo legislativo del PRI, a propósito de la situación que se vive por la pandemia del coronavirus.
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El coordinador de la bancada priista, Francisco Cienfuegos, quién presentó la propuesta, comentó que la normativa contempla un fondo de hasta el 1 por ciento de todo el presupuesto del Paquete Fiscal que, como ejemplo, en el caso del 2020 rondaría mil 050 millones de pesos.
Agregó que aún no se tiene fecha para la aprobación de la segunda vuelta.
Dijo que se trata de la reforma al artículo 85 de la Constitución local, y tiene como propósito salvaguardar la economía de las familias y evitar que la productividad laboral se paralice o se vaya a la ruina cuando se presenten emergencia, como la hoy se padece por el covid-19.
Con la ley pretenden otorgarle al Ejecutivo la atribución de proteger la economía de las personas y la productividad laboral del Estado cuando se presente alguna contingencia o fenómeno natural.
“Damos un paso para proteger a cientos de miles de trabajadores que hoy no tienen un empleo para llevar comida a sus hogares, vamos a proteger a miles de micro, pequeñas y medianas empresas que hoy se la están viendo muy difícil para poder subsistir, estamos hablando de prevenir que cierren muchas empresas cuando se presente otra contingencia”, comentó Cienfuegos.
La ley sería reglamentaria para definir las actividades esenciales en caso de contingencias, así como los incentivos fiscales y la creación de un fondo para apoyar la actividad productiva en la entidad.
“Se le obliga al gobernador, con esta puesta en marcha de declaración de emergencia, a que instale un comité en el que participe y presida el Ejecutivo estatal, que esté involucrada el área de finanzas, el área de trabajo y de economía del Estado, en el que participen los municipios metropolitanos de Monterrey y también un representante de cada una de las cámaras empresariales, y que, en conjunto, se pueda decidir cuáles son o no las actividades esenciales, qué es lo que se debe de detener, qué subsidios se deben de dar a cada una de las diferentes áreas”, declaró.