En sesión extraordinaria celebrada este viernes, el Pleno del Congreso del Estado analizó y aprobó reformas a la Ley del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET), como parte de un paquete de iniciativas presentadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientadas a fortalecer la seguridad social y la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.
Durante los trabajos legislativos, la Diputación Permanente dio entrada a dos iniciativas del Ejecutivo estatal, las cuales fueron discutidas y avaladas por las y los diputados en sesión extraordinaria.
Reformas al IPSSET se sustentan en estudio actuarial
Al presentar el dictamen, la diputada Silvia Isabel Chávez Garay explicó que la iniciativa contempla reformas a la Ley del IPSSET, sustentadas en un estudio actuarial actualizado al 31 de diciembre de 2024. Dicho análisis advierte que, de mantenerse las condiciones actuales, las reservas financieras del Instituto podrían agotarse en el año 2031, lo que representa un riesgo para el cumplimiento de las obligaciones pensionarias.
Ajustes buscan garantizar la viabilidad del sistema de pensiones
Ante este escenario, la reforma aprobada establece ajustes en las edades y en los años de servicio requeridos para acceder a una pensión, así como modificaciones en los porcentajes de los beneficios otorgados. Estas medidas buscan asegurar la viabilidad financiera del sistema a mediano y largo plazo, al tiempo que armonizan el esquema estatal con los modelos nacionales de seguridad social.
“De no realizarse ajustes, el sistema enfrentaría una insuficiencia de recursos que pondría en riesgo el pago de pensiones a mediano plazo. Es importante dejar en claro de que esta reforma no afecta a pensiones en curso de pago ni derechos adquiridos”, explicó la legisladora Silvia Isabel Chávez Garay.
Cambios no afectan derechos adquiridos de trabajadores
Asimismo, se destacó que los cambios brindarán certeza jurídica a las y los trabajadores del Estado, al fortalecer el marco normativo que regula sus derechos en materia de pensiones y prestaciones, garantizando un sistema más sólido, equitativo y sostenible.