El Congreso de Nuevo León aprobó este miércoles reformas para aplicar sanciones penales a quien abandone a una embarazada o persona vulnerable y no garantice su alimentación.
El expediente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública fue presentado ante el pleno por el diputado priista, Jorge de León Fernández, promotor de la iniciativa.
A quien no cumpla, se le impondrá cárcel de hasta uno a seis años.
Se informó que el espíritu de la reforma es que a las mujeres embarazadas les asiste el derecho en cuanto a la protección al hijo que está por nacer, cuando no provenga de un matrimonio o de un concubinato, esto siempre y cuando la mujer embarazada que busque la protección del estado cuente con el poder coercitivo del Estado, cuando acredite legalmente la paternidad de su hijo con las autoridades competente.
“En este sentido y bajo estos razonamientos consideramos que bajo el interés superior del menor prevalece su derecho, ante una negativa paterna de hacer frente a esta obligación planeada o no en cuanto al derecho irrenunciable que tiene el menor, que aparte del beneficio emocional, le asisten los derechos de manutención de ambos padres, derecho de tener un nombre con la documentación legal que identifique a ambos padres, servicios médicos, hereditarios, entre otros”, dijo De León.
Otra reforma
Con el fin de evitar que se cometan delitos cibernéticos, el Congreso del Estado aprobó una reforma a las fracciones I y III del artículo 223 Bis; se adiciona un segundo párrafo al artículo 161 Bis 2 Código Penal para el Estado de Nuevo León.
La diputada Itzel Castillo presentó el dictamen de la modificación que también fue propuesta por ella.
Dijo que en la actualidad las computadoras se utilizan no solo como herramientas auxiliares de apoyo a diferentes actividades humanas, sino como medio eficaz para obtener y conseguir información, lo que las ubica también como un nuevo medio de comunicación.
Ante ello, consideró necesaria la regulación del internet, que, aseguró, significa un enorme reto debido a su carácter internacional, buscando hacer efectivo el derecho a la no intervención de las comunicaciones privadas.
“Consideramos apropiado seguir avanzando con la tendencia en la protección de los bienes jurídicos a través de los medios electrónicos”, dijo la legisladora.