La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, acusó que 42.9 por ciento de las investigaciones por corrupción que abrió la dependencia en el sexenio pasado se sobreseyó, es decir, se suspendió por falta de pruebas.
Durante la reunión de trabajo con las comisiones de Gobernación, Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado, mencionó que en la administración de Enrique Peña, la SFP actuó con simulación en el combate a la corrupción, con reformas incompletas que excluyeron a la sociedad de procesos de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización.
Adelantó que casos como Odebrecht y el Paso Express tendrán seguimiento para dar vista a consideraciones judiciales: “No hay vuelta de hoja, sino seremos sujetos de responsabilidad”.
Indicó que de los 5 mil 200 expedientes que se resolvieron en el sexenio pasado se determinó imponer una sanción ya sea pecuniaria, administrativa o de forma directa solo en 900 casos, y 4 mil 696 expedientes se archivaron y se determinaron sin sanción.
“Las inconformidades presentadas no están siendo suficientemente atendidas y hay un muy alto grado de sobreseimiento en las instancias de la SFP, lo que representa que 42.9 por ciento de las investigaciones son consideradas en el sobreseyo”, acusó.
Dijo que de 588 inconformidades resueltas, 252 fueron sobreseimientos, 229 se desecharon por improcedentes, 60 fueron infundadas y 47 fueron fundadas.
“Necesitamos tener claros los desafíos y trabajar unidos para este fortalecimiento y combate a la corrupción, pero sobre todo de la impunidad, porque tenemos normativas que nos permite actuar, pero no tenemos la fuerza para sancionar”, destacó.
Sandoval, quien no compareció previo a su nombramiento, como lo marca la ley, anunció un relanzamiento de la SFP.
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Sandoval también consideró que así como el Ejecutivo invita a los otros poderes a analizar y sumarse a las políticas de austeridad, "también tendríamos que invitar al mercado a sumarse a esos mismos salarios. Los salarios e ingresos del mercado se tienen que ajustar a una nueva moralidad y ética pública de salarios justos, no mediocres, no mermados, sino justos".
Además, mencionó que esto servirá para que los recursos se usen en el desarrollo y las ganancias privadas a las inversiones para mejorar y no mermar la democracia.
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Ciudad de México /
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