Las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf fueron las únicas integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que consideraron que fueron legales las reformas conocidas como primera parte del Plan B electoral.
Pero, ¿qué argumentaron durante la sesión pública del máximo tribunal del país estas dos ministras que fueron nominadas al cargo por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el caso de la ministra Esquivel Mossa consideró la SCJN no podía “invadir e invalidar” los compromisos del Legislativo, esto “por respeto a la división de poderes”.
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“Si en el caso concreto se aceptó por la mayoría de los partidos políticos, representados en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que en la sesión plenaria de ese día se presentarían las iniciativas anunciadas e inclusive se solicitaría la dispensa de trámites, me parece que, por un lado, no podemos, como Tribunal Constitucional, desconocer este acuerdo político de los legisladores y, por el otro, que la anuencia de la mayoría de los coordinadores es signo inequívoco de su consentimiento en la forma en que se procesarían las reformas propuestas en la sesión vespertina y nosotros no debemos invadir e invalidar los compromisos del legislativo por respeto a la división de Poderes.
“Como Tribunal Constitucional nos corresponde aceptar y respetar el acuerdo adoptado al interior de la Jucopo en la que la mayoría de sus integrantes acordaron favorablemente agendar en la sesión plenaria del mismo día la solicitud de dispensa de trámites de la iniciativa, pues no hacerlo implicaría invadir el campo de acción de la función política de los órganos legislativos y con ello, prácticamente, avalaríamos la ruptura de la construcción de sus acuerdos internos tal como lo pretenden los partidos accionantes al desconocer los que sus propios coordinadores parlamentarios pactaron previamente a la sesión del Pleno de la Cámara”, aseveró.
En el caso de la ministra Ortiz Ahlf consideró que las “graves violaciones al proceso legislativo” a las que se refirieron nueve de sus compañeros ministros, se trataban de “economía procesal”.
“En la fase del procedimiento legislativo, en este caso, adquiere especial relevancia el principio de economía procesal que apunta la necesidad de no reponer innecesariamente las etapas procesales, cuando ello no redundaría en un cambio sustancial en la voluntad parlamentaria expresada.
“En consecuencia, respecto a la supuesta transgresión al principio de deliberación democrática por un cúmulo de irregularidades, difiero de la propuesta, pues, como lo he expresado —en mi opinión— no se actualiza una violación al proceso al no afectarse la participación de todas las fuerzas políticas, las reglas de votación ni la publicidad de la deliberación parlamentaria”, sostuvo.
DMZ