A punto de entrar a la recta final de los comicios del 5 de noviembre, la Corte Suprema de Estados Unidos aceptó para su análisis la petición de un puñado de fabricantes de armas de fuego de desestimar una demanda interpuesta por el gobierno de México para hacerlos corresponsables de la violencia que ejercen los cárteles.
La contrademanda ante el máximo tribunal fue presentada a nombre de Smith & Wesson Brands, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta U.S.A. Corp, Colt’s Manufacturing Company, LLC, Glock Inc. y Witmer Public Safety Group, quienes se declararon “intimidados” por las acciones de México.
Los representantes legales de las firmas advirtieron que “la demanda multimillonaria de México penderá sobre la industria estadunidense de armas durante años, provocando descubrimientos costosos e intrusivos a manos de un soberano extranjero que está tratando de intimidar a la industria para que adopte una serie de medidas de control de armas que ha sido repetidamente rechazada por los votantes”.
Las acciones de algunas armerías acusadas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York se vieron beneficiadas por su moción ante el máximo tribunal de Estados Unidos, por ejemplo las de Smith & Wesson Brands subieron 0.86 por ciento al cierre de la sesión.
El contraataque de los fabricantes de armas ocurre después de que un tribunal inferior allanó el camino para que continuará la demanda de México en los tribunales estadunidenses.
Con su demanda original presentada en 2021 en un tribunal federal de Boston, el gobierno mexicano busca responsabilizar a estas firmas de facilitar el tráfico ilícito de armas hacia la bandas criminales y reclama una indemnización de 10 mil millones de dólares por daños y perjuicios, así como medidas cautelares.
El juez F. Dennis Saylor, del Tribunal Federal de Distrito en Boston, echó por tierra la querella contra la mayoría de los demandados bajo el argumento de que estaban blindados por la Ley de Protección del Comercio de Armas de Fuego de 2005, que ofrece un grado de inmunidad a las manufactureras por acciones cometidas por compradores de sus productos.
Sin embargo, tres magistrados de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, también en Boston, resucitaron la demanda a partir de la interpretación de una de las excepciones de la legislación. Ante esa situación, los demandantes decidieron recurrir a la Corte Suprema de ese país.
Los fabricantes argumentan en su moción que la demanda de México equivaldría a una intrusión a la soberanía de Estados Unidos en la medida que el desenlace judicial puede remodelar el panorama de la regulación estadunidense en la materia, desde una prohibición de “armas de asalto” hasta un sistema universal de verificación de antecedentes impuesto por los tribunales.
En su respuesta formal, México defendió su caso. “La avalancha de armas de fuego de los peticionarios desde fuentes en Estados Unidos hasta cárteles en México no es un accidente. Es resultado de la elección consciente y deliberada de suministrar sus productos a malos actores, permitir prácticas imprudentes e ilegales, y diseñarlos y comercializarlos de manera que se impulse la demanda entre criminales”.
De acuerdo con la queja original, el gobierno mexicano quiere poner fin al “daño masivo” que han provocado los fabricantes de las armas estadunidenses al “facilitar activamente su tráfico ilegal a los cárteles de las drogas y a otros criminales en México”.
La cancillería mexicana estima que siete de cada 10 armas que son traficadas a territorio mexicano provienen de manufactureras estadunidenses.
Los magistrados aceptaron el llamado “writ of certiorari” de los quejosos y empezarán el trámite durante el próximo periodo de sesiones del más alto tribunal del país, que arranca el próximo lunes en Washington.