La Auditoría Superior de la Federación reportó 317 casos de nepotismo en el Consejo de la Judicatura Federal, además de que realizó un gasto indebido de más de 67 millones de pesos para equipar Centros de Justicia Penal Federal en cinco estados del país.
De acuerdo con la tercera entrega de la cuenta pública 2018, la ASF detectó que en 582 casos los trabajadores comparten los mismos apellidos, motivo por el cual solicitaron los expedientes de personal y se constató que 317 servidores públicos resultaron con vínculos familiares por consanguinidad adscritos a un mismo Tribunal o Juzgado.
Además, se constató que el ministro presidente del Consejo de la Judicatura Federal, notificó a un servidor público, que como consecuencia de denuncias, al realizar un análisis de las bases de datos del sistema de Recursos Humanos del Poder Judicial de la Federación, se advirtió que en su área de adscripción se encontraban laborando, al menos seis parientes de éste con vínculos de consanguinidad y afinidad, así como a dos más en su anterior área de adscripción, lo que afectaba el desempeño judicial de cada uno de los órganos involucrados, así como el profesionalismo, la independencia e imparcialidad de los titulares implicados.
“Lo anterior, obedece a que el CJF no cuenta con un marco normativo robusto respecto de la gestión administrativa interna de los tribunales que regule este tipo de situaciones y con ello evitar posibles conflictos de interés producto de nepotismo en su plantilla de personal”, indica el informe.
A raíz de esta observación, el CJF emitió el acuerdo por el que estableció el Plan Integral de Combate al Nepotismo.
La Auditoría Superior de la Federación también señaló que el CJF gastó 67 millones 344 mil 900 pesos de la partida destinada a mobiliario para adquirir equipamiento para los Centros de Justicia Penal de Aguascalientes, Chiapas, Estado de México, Sonora y Jalisco.
Los recursos, agregó, no debieron salir de dicha partida, sino del Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura del Nuevo Sistema de Justicia Penal, situación que puede representar una irregularidad en el uso de recursos.
También descubrió que el órgano encargado de la vigilancia y disciplina de los jueces y magistrados federales gastó 30 millones 654 mil 800 pesos para el pago de servicios de aseguramiento de bienes patrimoniales y vehículos del Poder Judicial de la Federación.
Pese a que la contratación de los seguros se efectuó a través de licitación pública nacional, el CJF no acreditó que las sumas aseguradas amparen los bienes registrados.
kvd