La Auditoría Superior de la Federación emitió la promoción de responsabilidad administrativa en contra del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) por inconsistencias en un contrato por más de 32 mil pesos, así como cuatro recomendaciones relacionadas con el cambio a Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
La promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria se centra en un contrato de “servicios de evaluación” con número CISEN/014/18 por 32 mil 235.7 pesos que corresponde al 96 por ciento de lo ejercido, en donde detectaron que no existe evidencia suficiente de la aplicación de cuestionarios a nivel nacional, ni de los archivos electrónicos de 47 evaluaciones estatales correspondientes a 60 mil cuestionarios.
Los entregables en mapas geográficos no muestran resultados de las evaluaciones aplicadas, además de que los mapas conceptuales se centran en un solo tema, lo que facilita la interpretación de los resultados entregados.
Se considera que se violó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción por incumplir con el valor agregado y el alcance en el servicio.
Después de las evaluaciones de satisfacción se debían emitir recomendaciones, las cuales se omitieron en el reporte final ni se proporcionó un informe general al director del entonces Cisen.
En el proceso, el nuevo titular del Centro Nacional de Inteligencia “a través del titular de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano instruyó a los directores de área, jefes de estación, coordinadores administrativos, enlaces administrativos y homólogos, todos del entonces Cisen, para que en todos los contratos cuyo objeto implique la prestación de servicios relacionados con asesorías, estudios, consultorías e investigaciones a cargo de terceros, con independencia de la partida de gasto con que se cubran las contraprestaciones pactadas, se remita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana una descripción sucinta del objeto del contrato, así como de sus entregables, salvaguardando la confidencialidad de la información que contengan”.
Sin embargo se emitió una recomendación para deslindar responsabilidades al entonces Cisen.
Las cuatro recomendaciones en las que no se comprobaron inconsistencias económicas sino desfases administrativos por el cambio de estructura, se centraron en la actualización de la normativa para la solicitud, ejercicio y comprobación de recursos para gastos de seguridad pública y nacional; la actualización de sus Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES) pues mencionan tres áreas y actualmente dos de ellas cambiaron de denominación y una desapareció de la estructura orgánica.
Además de que recomienda que se mejoren los mecanismos de revisión y control para acreditar la documentación de prestación de servicios.
Aunque en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó la contratación de 97 plazas eventuales para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, las cuales se distribuyeron en seis niveles, no se encontró ninguna anomalía en la aplicación de los recursos.
Asimismo, con el análisis del formato de la “Descripción del Perfil de Puestos de la Administración Pública Federal”, aprobado por la SFP y validado por la Dirección General de Recursos Humanos del entonces CISEN, se constató que las plazas de carácter eventual cumplieron con el perfil del puesto requerido en cuanto a escolaridad y años de experiencia laboral.
En las partidas de contratación de personal, no existen gastos irregulares porque no se detecta rotación de personal en las áreas de primer nivel pues consideran una “estructura fija debido a riesgos de seguridad nacional”.
kvd