David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación, entregó a la Comisión de Vigilancia elPrimer Informe de la Cuenta Pública 2022, que permitirá disponer de información actualizada y confiable para su trabajo legislativo, previo a la discusión del próximo presupuesto federal.
Con cacerola de acero en mano, la diputada de Morena, Inés Parra increpó en un par de ocasiones a Colmenares: “¡destape la cloaca de corrupción!... destápelo sin miedo, destápelo, ¡encubridores de corruptos”… ¡tapaderas!”.
-¿Puedo hablar?, preguntó el titular de la ASF mientras una mujer se acercó a la legisladora, quien le cuestionó: ¿quién eres tú para reconvenirme? Insistió: “destápela cloaca, ¿por qué tanto temor auditor?... encubridores de corruptos, aquí esta la mayoría calificada absoluta, no se pueden poner de acuerdo en otras reformas, pero en el tema de combate a la corrupción, mayoría calificada”.
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En un segundo momento de la intervención del auditor, la diputada volvió a confrontarlo y sobre los documentos que tenía en la mesa, le aventó un par de ratones de juguete: “ahí están sus ratones”.
En su intervención, Colmenares afirmó que “somos la auditoría del pueblo” e hizo un recuento de las auditorías que se han realizado, pues se dota a los ciudadanos de “datos objetivos y oportunos sobre su actuación de la administración de los recursos públicos en el desempeño de las instituciones del estado.
Explicó que el primer paquete que se entregaron 115 auditorías a la CFE corporativo, lo cual, 2020, 2021 y 2022 dan 59 auditorías a un solo ente público.
“Al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, en la parte del Tren Maya “estamos en esta parte con 8 y suman en los tres años 30 auditorías. Al Instituto Mexicano del Seguro Social, es una de las más importantes que tenemos en el país, hacemos 10 auditorías hoy y suman 38 con las 6 y las 12 de 2020 y 2021. A Pemex corporativo estamos haciendo 30 auditorías que con las 32 y las 27 de los dos años anteriores suman 89 auditorías en tres etapas”, explicó.
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Además, expuso que a la Secretaría del Bienestar se realizaron 10 (este periodo) y 39 auditorías en los tres años, “la SEP tres este año y 50 acumulados. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes sólo le estamos haciendo este año 31, con lo que se acumulan 86 en los últimos tres años. A la Secretaría de la Defensa Nacional ya le hicimos este año 13 que acumulan 49 en total. A la Secretaría de Salud cuatro y 21 y a Seguridad Alimentaria (Segalmex) vino una auditoría forense que globaliza los resultados acumulados hasta la fecha”.
Además, esta entrega se compone de 86 informes individuales de los cuales 17, es decir, el 20 por ciento, correspondieron al cumplimiento final financiero; 2 por ciento al desempeño, 67-68 por ciento al gasto federalizado.
“Del universo de áreas auditadas en esta primera entrega a la fiscalización de estados y municipios tiene una relevancia cuantitativa toda vez que de las 85 auditorías que conforman esta etapa, 67 equivalentes a casi el 80 por ciento total corresponden a entidades de recurso federalizado”, agregó.
Esto corresponde, dijo, “a que el 85 por ciento de los ingresos estatales provienen del esfuerzo recaudatorio federal sino por la baja recaudación del impuesto predial por parte de los municipios. Puedo decirles que alrededor de 100 municipios, recaudan la mayor parte del impuesto predial de los dos mil 500 municipios que tenemos en el país”.
Respecto a los ingresos totales, mencionó, la Ciudad de México es una excepción, tiene 43.8 por ciento de ingresos propios respecto al total de sus ingresos. En algún momento llegaron a rebasar el 50 por ciento, Chihuahua el 26.4 por ciento, Nuevo León el 25.5 por ciento, Quintana Roo el 21.6 por ciento, “Querétaro el 19.1 por ciento, quiero señalar que es un estado en los últimos años no ha tenido ni una observación en las auditorías que hacemos… Mientras que, Guerrero 2.9 y Oaxaca 4 por ciento”.
Se complementará con las próximas entregas de octubre y de febrero en donde se profundizará la fiscalización del gasto federalizado y los grandes proyectos de infraestructura y se incluirá a las alcaldías de la Ciudad de México que no son municipios, instituciones de educación superior, así como las empresas del estado y órganos autónomos.
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HCM