El presidente del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Francisco Raúl Álvarez, acusó que las reiteradas ausencias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encabezada por David Colmenares, han frenado el avance institucional del sistema, a seis años de su creación.
En entrevista con MILENIO, Álvarez Córdoba reprochó que pese a los avances normativos alcanzados a lo largo de los últimos seis años, uno de los problemas fundamentales del mismo es que no ha habido un buen impulso institucional para que se traduzcan en prácticas concretas y así prevenir la corrupción y controlarla.
“Para muestra basta un botón, y es público y conocido de todos, que algunos integrantes del Comité Coordinador del SNA no han cumplido con la responsabilidad básica de presentarse a reuniones, de Órgano de Gobierno o del Comité Coordinador, que resultan trascendentes para avanzar en la lucha contra la corrupción; puntualmente, te lo comento, es el caso de la Auditoría Superior de la Federación”, señaló.
"Sí te lo digo, sí existe voluntad, lo hemos estado también trabajando, pero si esto no se materializa pronto en una asistencia al Comité Coordinador u Órgano de Gobierno, sí estaríamos hablando de que no hay voluntad”, acotó.
La otra institución que había estado ausente es el Consejo de la Judicatura Federal, el cual, hasta el 25 de junio designó a la consejera Lilia López Benítez como representante ante el SNA, luego de que el lugar estaba vacío desde enero, cuando se retiró Loretta Ortiz Alhf, quien fue nombrada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Vamos a hacer un respetuoso llamado a estas dos instituciones para que refrenden su compromiso con el sistema”, adelantó.
Este 18 de julio se cumplen seis años de la publicación de la Ley General del SNA y de las leyes que le dan forma, las cuales entraron en vigor al día siguiente.
A propósito del aniversario, Álvarez Córdoba, presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA, advirtió que el sistema todavía no tiene una agenda de prioridades y metas claras de cumplimiento y que le falta mayor colaboración entre sus integrantes.
El CPC es la figura creada en la reforma anticorrupción del 2015y garantiza el componente ciudadano del sistema; su presidente es, al mismo tiempo, presidente de todo el SNA, según la ley.
Hasta 2023 podría quedar instalado Sistema Nacional Anticorrupción en su totalidad
Álvarez incluso afirmó que a seis años, el sistema no ha sido instalado formalmente, lo que podría ocurrir para finales de este año o inicios del 2023.
“Este año, o a lo mejor a inicios del siguiente, instalaremos formalmente el SNA; esto no ha sucedido en estos más de cinco años. ¿Por qué? Porque el Sistema necesita lineamientos, necesita criterios, espacios de colaboración, analizar estrategias, canalizarlas, y fijar el rumbo, como Sistema, para la atención de problemas asociados a la corrupción estructural”, explicó.
Álvarez detalló que la instalación formal del SNA “nos permitiría, en esta segunda etapa del sistema, establecer esta agenda en el tiempo —anual— y que esta agenda se vaya materializando en compromisos de acciones puntuales, unificadas, para mover, en torno a compromisos y retos y problemas del propio Sistema, a todos los entes que lo componen”.
Álvarez consideró que no ha habido una visión específica de fijar acciones puntuales como sistema porque no han existido las condiciones para establecerlas.
La instalación, abundó, sería, más allá de una sesión ceremonial, una reunión donde todos los integrantes del Sistema Nacional definan el rumbo de los sistemas, el nacional y los estatales, para trabajar de forma conjunta en una misma dirección y con unos mismos objetivos en todo el país y no por regiones.
“Si el 2023 va a ser el año de la prevención de la corrupción en programas sociales, entonces todo el sistema debe estar abocado no sólo a cumplir sus programas de implementación y sus políticas, sino también a abordar de forma estructural este problema”, explicó.
Álvarez ejemplificó: “yo considero que en el tema de contrataciones públicas, es necesaria una Ley General de Contrataciones Públicas y homologar los ordenamientos jurídicos de los estados para poder prevenir espacios para la corrupción y mejorar las herramientas tecnológicas que se ocupan para ello y eso no está sucediendo”.
Dijo que “se están atendiendo problemas locales, regionales, e incluso federales y nacionales, desde una perspectiva aislada del propio problema; entonces, instalar el sistema implica lineamientos para poder colaborar, coordinarnos, para abrir un espacio formal, legal, donde podamos canalizar ideas, prioridades y materializarlo en estrategias y fijar el rumbo de cada uno de los años para poder empezar a tener resultados como sistema y no solamente como parte de un sistema”.
El presidente del SNA aseguró que “esta instalación nos debe permitir una reunión anual donde fijemos el rumbo de las prioridades que vamos a abordar cada uno de los años y el próximo año, evaluar sus resultados y sus impactos y el próximo año, ir por más y mejores retos en cada uno de los temas que se observan”.
En estos años se han construido herramientas como la Política Nacional Anticorrupción, su programa de homologación, y 24 políticas estatales, así como la Plataforma Digital Nacional, entre otros, pero Álvarez opinó que aunque constituyen un buen piso, ya no son suficientes.
“La primera etapa de consolidación nos ha dejado buenos instrumentos tecnológicos y de política pública, pero ya no son suficientes; yo creo que en esta segunda etapa del sistema, necesitamos innovar, colaborar, necesitamos refrendar las voluntades institucionales, pero sobre todo utilizar este espacio público que fue ganado en 2015 con mucho trabajo y mucha reflexión de la sociedad civil y de algunos legisladores que creyeron en esto”, comentó.
El CPC debe fortalecer el Sistema, cuidarlo y preservarlo, dice.
“Estoy convencido que hacia donde tenemos que avanzar es hacia la colaboración; estamos trabajando con las instituciones que componen el Comité Coordinador, pero también con los sistemas locales, y evidentemente hay resistencias, evidentemente no es un asunto que guste a muchas autoridades, pero definitivamente es una responsabilidad social, moral y además es una obligación de ley y estamos trabajando para ello”, aseguró.
Por ejemplo, adelantó, el CPC está trabajando en la definición y análisis de ciertos casos de corrupción que han sido denunciados en medios de comunicación, para poder exhortar a las instituciones que conforman al Sistema a atenderlos como prioridad.
“Pronto estaremos dando noticias sobre ellos”, dice.
Por otra parte, Álvarez consideró que la coordinación entre los entes que conforman el SNA debe traducirse en más colaboración y en un mayor compromiso.
“Los mexicanos aún demandamos del Estado un mayor compromiso de las autoridades en los tres ordenes de gobierno y de los diferentes poderes públicos para prevenir controlar y sancionar la corrupción en México de forma efectiva”, reprochó.“Mover al sistema, al entramado normativo que representa el sistema para generar resultados contundentes, que estamos demandando los mexicanos, en la lucha anticorrupción evidentemente, no ha sido una tarea sencilla; el reto de mover cientos de instituciones, voluntades y recursos en torno a objetivos planteados en la Política Nacional y las políticas locales ha sido una tarea compleja”, lamentó.
JLMR