En sus 25 años de existencia, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha realizado 45 auditorías al entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y al ahora Instituto Nacional Electoral (INE), sin que como resultado de esas revisiones haya presentado una sola denuncia penal por alguna irregularidad mayor en el gasto del órgano electoral.
De acuerdo con la base de datos de la ASF, entre el año 2000, cuando nació la autoridad fiscalizadora, al 2025, no se han revisado únicamente cuatro cuentas públicas, las de los años 2001, el 2005, el 2019 y el 2020; una auditoría integral del 2025 está en curso.
Sin embargo, esta mañana, la ASF informó que encontró indicios de múltiples irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público desde el año 2000 en institutos electorales locales, el entonces IFE y el ahora INE.
“Tanto los trabajos de inteligencia que hemos realizado, como el análisis de la información requerida a las entidades federativas, advierten la comisión de múltiples irregularidades históricas”, expuso en un comunicado.
Actualmente, de acuerdo con el sistema de la ASF, hay tres pliegos de observaciones pendientes de ser aclarados, correspondientes a la Cuenta Pública 2024, ya con Guadalupe Taddei al frente del INE, que se mantienen en seguimiento.
Esos tres pliegos involucran un presunto daño patrimonial por 66.5 millones de pesos por servicios de impresión de material electoral, materiales didácticos y arrendamiento de vehículos.
Derivado de las revisiones al IFE y al INE desde el año 2000, la ASF emitió 511 resultados, de las cuales 267 fueron recomendaciones, 36 recomendaciones de desempeño, 20 promociones de intervención de la instancia de control, 7 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 18 solicitudes de aclaraciones, 113 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 50 pliegos de observaciones y cero denuncias penales.
Prácticamente todas las observaciones emitidas por la ASF han sido solventadas, a excepción de 13 expedientes, de los años 2016, 2017, 2018 y 2023, que no han sido concluidas y que se encuentran pendientes de ser archivadas o de evolucionar hacia alguna acción en concreto por parte del órgano fiscalizador.
LG